La Corte Suprema tomará el próximo martes 2 de agosto una importante resolución para el futuro de la defaulteada agroexportadora Vicentin. Ese día definirá si deja seguir el concurso de acreedores o si corre al juzgado civil y comercial de Reconquista que lo viene llevando para analizarlo de manera directa.
Los martes, los integrantes del máximo trribunal realiza sus reuniones semanales de acuerdo. Hoy no hubo renión, pero desde la Corte informaron que en la de la semana que viene se tomará una definición sobre el tema.
En concreto, los jueces resolverán si rechazan o aceptan el decreto firmado en 16 de junio por el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, en el que suspendía la convocatoria de acreedores de la aceitera para analizar la posibiliad de iniciar el abocamiento, un proceso de excepeción por el cuál el alto tribunal se pone a resolver un caso y no a revisar lo actuado por jueces de instancias inferiores como es su trabajo regular.
Antes del inicio de la feria judicial de invierno, habían sido completados todos los pasos procedimentales previos (como recibir los argumentos de todas las partes) quedando sólo la resolución, que ahora -según se informó- se tomará el martes próximo.
Si la Corte rechaza el inicio del abocamiento, el concurso se reactivaría y Vicentin se encaminaría a resolver su situación. En ese sentido, este martes Vicentin publicó una solicitada en la que -además de informar a sus acreedores el estado de situación- repitió los argumentos para que el máximo tribunal se retire del caso y deje al juez Fabián Lorenzini completar el proceso. Por ejemplo, sostuvo que la oferta de pago logró las mayorías (en capital y cápitas) que exige la ley concursal. Además, sostuvo que alargar las definiciones conspira contra el mantenimiento de las actividades en la empresa, que terminaría siendo vendida y repartida a ACA y las multinacionales Bunge y Viterra.
Pero si la Corte ratifica el decreto de Gutierrez se inicia formalmente el proceso de abocamiento. Entonces, los jueces deberán ponerse a estudiar no sólo la marcha del concurso sino la marcha de las investigaciones penales contra el directorio (que está imputado por delitos como estafa y administración fraudulenta). Y es que precisamente, el pedido de abocamiento a la Corte fue presentado por uno de los principales acreedores comerciales (el grupo Grassi) con el argumento de que la homologación del acuerdo de acreedores sería la concreción final de una mega estafa.
Si la Corte inicia el abocamiento, un proceso que pude llevar mucho tiempo por la magnitud y complejidad del caso, se malogra el plan de Vicentin. La Corte puede terminar definiendo a final de camino que el accionar del juez Lorenzini es correcto (reactivándose el proceso concursal), o dárselo a otro juez para que se haga cargo. También puede tomar ella diréctamente una decisión final.
Pero por más que el resultado final siga abierto, claramente, si la Corte avala el decreto de Gutierréz el punto será para Grassi y en contra de Vicentin, que estaba a una uña de lograr el acuerdo concursal. Y no cualquier punto. Uno decisivo.
