El reciente escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con allanamientos que dejaron al descubierto máquinas de contar billetes, sobres con dólares y millones de pesos en autos y viviendas vinculados a Diego Spagnuolo, generó una fuerte reacción en el movimiento de personas con discapacidad.
Gabriela Bruno, militante y referente del colectivo, difundió una carta abierta en la que cuestionó con dureza la situación y apuntó directamente contra la hermana del presidente, Karina Milei. “Esto no es un caso más de coimas y negociados en la política argentina, es un crimen contra los derechos de las personas con discapacidad, contra la dignidad de quienes más necesitamos del Estado y contra el principio básico de igualdad sustantiva”, expresó.
En el escrito, Bruno subrayó que mientras “unos pocos se enriquecían”, miles de personas con discapacidad sufrieron recortes en pensiones, suspensión de terapias, falta de acceso a medicación y despidos arbitrarios, incluso de trabajadorxs con discapacidad. “Cada dólar robado son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, apoyos que se niegan, vidas que se condenan al abandono”, denunció.
La referente también rechazó la idea de que se trate de casos aislados y responsabilizó al corazón del poder político: “No se trata de manzanas podridas, sino de un sistema de saqueo planificado. Spagnuolo fue uno de los funcionarios que más veces visitó la residencia de Olivos. No se puede pretender que Karina Milei, pieza central del gobierno y mencionada en las denuncias, desconociera estas maniobras”.
Además, criticó lo que consideró un “encubrimiento” posterior, con desplazamientos selectivos y una “intervención maquillada” de la ANDIS: “El objetivo del oficialismo no es esclarecer la verdad, sino taparla”.
Bruno exigió que la investigación avance sobre todos los responsables, “incluidos quienes desde la cúspide del poder avalaron y se beneficiaron de estas maniobras”, y reclamó la restitución de los fondos desviados junto con una reparación a las personas afectadas.
“La corrupción en discapacidad no es un tecnicismo: es crueldad pura. La ANDIS no puede ser una caja negra para negocios espurios. No habrá olvido ni impunidad”, concluyó la militante, anticipando que las organizaciones seguirán denunciando y movilizándose hasta que los responsables enfrenten a la Justicia.
