En un movimiento que anticipa los próximos pasos en el frente judicial, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, ha presentado una solicitud formal para que, en caso de que la condena en la “Causa Vialidad” quede firme, se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. La particularidad del pedido radica en que solicita explícitamente que la medida se cumpla sin el uso de una tobillera de monitoreo electrónico.
La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que en diciembre de 2022 la condenó en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los argumentos de la defensa
El principal argumento de la defensa se ampara en la legislación vigente, que contempla la posibilidad de arresto domiciliario para los condenados mayores de 70 años. Cristina Kirchner cumplió 72 años el pasado febrero, por lo que cumple con el requisito etario establecido en el Código Penal argentino.
Fuentes cercanas a la defensa sostienen que la exmandataria no presenta ningún riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la justicia. Resaltan que, a lo largo de todas las instancias judiciales en las diversas causas en su contra, siempre ha estado a derecho, notificando sus movimientos y presentándose cada vez que fue requerida.
La solicitud de evitar la tobillera electrónica se fundamenta en que dicho dispositivo sería una medida “innecesaria, desproporcionada y estigmatizante” dada la figura de la expresidenta y su arraigo conocido públicamente. Argumentan que el control de la medida puede garantizarse con otros mecanismos menos invasivos, como presentaciones periódicas en la comisaría más cercana a su domicilio.
