La Justicia santafesina resolvió este jueves aceptar a la provincia de Santa Fe, representada por la Fiscalía de Estado, como querellante en la causa que investiga a Marcelo Sain y otros exfuncionarios por presuntas maniobras ilegales en una licitación para la compra de armas destinada a la Policía.
La decisión fue tomada por el juez Octavio Silva en el marco de una audiencia en la que estuvieron presentes el fiscal Ezequiel Hernández, la defensa de los imputados y los representantes del gobierno provincial. De esta manera, el Estado santafesino fue reconocido como potencial víctima de los delitos bajo investigación.
La causa se inició en 2021 y derivó en imputaciones contra Sain, el exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa Maximiliano Novas. A todos se les atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación.
En mayo de 2022, la Justicia dispuso embargos por 100.000 dólares a los acusados e impuso restricciones de acercamiento a testigos y denunciantes. El expediente apunta a que la licitación, estimada en más de 17 millones de dólares, habría sido direccionada para beneficiar a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en Argentina de una empresa israelí que resultaba la única proveedora de los productos requeridos.
Las pericias económicas calcularon que el perjuicio para el Estado oscila entre 2,8 y 8,2 millones de dólares.
En octubre de 2024, el fiscal Hernández pidió la elevación a juicio de la causa, solicitando para Marcelo Sain una condena de cinco años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa.
