La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. El tribunal concluyó que el mecanismo de actualización aplicado entre 2021 y 2024 provocó una pérdida del poder adquisitivo del 46,83% y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recalcular los haberes del demandante y abonar las diferencias correspondientes.
La resolución fue firmada por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, en el marco de una demanda individual contra el organismo previsional.
Para fundamentar su decisión, los magistrados compararon la evolución de los haberes con la fórmula cuestionada y con un esquema de actualización vinculado a la inflación. Según el cálculo presentado en el fallo, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 las prestaciones aumentaron un 553,55% con el mecanismo de la Ley 27.609, mientras que, si se hubiera aplicado el parámetro basado en la variación de precios, el incremento habría alcanzado el 1.129,07%.
Por qué la Justicia cuestionó la fórmula jubilatoria
La Ley 27.609 estableció un sistema de actualización trimestral de las jubilaciones, basado en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional. A diferencia de otros mecanismos de movilidad, no contemplaba una variable directamente vinculada con la inflación ni un piso que garantizara el mantenimiento del valor real de los haberes.
En su análisis, la Cámara consideró que el esquema no presentaba objeciones constitucionales cuando fue aprobado, pero que su funcionamiento quedó desfasado a partir de la aceleración inflacionaria registrada desde 2022.
Los jueces también señalaron que los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias otorgados durante ese período no podían computarse como parte de la jubilación ordinaria para evaluar la evolución de los ingresos, debido a que se trataba de prestaciones asistenciales que no alcanzaban a todos los beneficiarios.
A partir de esos argumentos, el tribunal entendió que el mecanismo de actualización terminó provocando un deterioro significativo de los ingresos previsionales.
¿El fallo implica un aumento para todos los jubilados?
La decisión no establece una recomposición automática para el conjunto de los jubilados y pensionados. Su alcance directo corresponde al demandante de la causa, aunque el antecedente podría abrir la posibilidad de nuevos reclamos individuales ante la Justicia.
El abogado previsionalista Adrián Tróccoli explicó que el beneficiario ya había obtenido anteriormente una sentencia favorable contra la ANSES por diferencias en el cálculo de su haber inicial.
El especialista también señaló que el impacto potencial de este tipo de reclamos podría ser significativo para determinados jubilados, especialmente quienes se retiraron antes de 2020 y perciben haberes medios o altos, sin acceder a los bonos destinados a reforzar las jubilaciones mínimas.
Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia estableció que las controversias vinculadas con la actualización de los haberes deben analizarse caso por caso.
La resolución también podría ser apelada, por lo que su alcance definitivo dependerá de los eventuales pronunciamientos de instancias judiciales superiores.
Se trata del segundo antecedente judicial que declara inconstitucional la fórmula de movilidad de la Ley 27.609, después de un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que lleva más de un año bajo análisis de la Corte Suprema.
