Esta mañana Virginia Oldani compareció en el Juzgado Federal para someterse a la indagataria en el marco de la causa que investiga el delito de intermediación financiera no autorizada realizadas desde la firma “Turismo Oldani SRL”.
En noviembre, el fiscal Walter Rodríguez solicitó el llamado a prestar declaración indagatoria de diez personas y la inhibición general de sus bienes. La pesquisa avanzó a partir de elementos que quedaron al descubierto en la escena del crimen de Hugo Ernesto César Oldani, quien fue baleado en su oficina el 11 de febrero de 2020. Para la fiscalía, se está frente a un “esquema de negocios paralelos que funcionaba bajo el paraguas protector y aparente de una agencia de turismo”.
La presentación del representante del MPF es el corolario de las medidas de investigación desarrolladas en los últimos meses. El Banco Central informó que la firma no se encontraba habilitada para la realización de actividades de compra, venta, ofrecimiento, y/o colocación de valores negociables u otros instrumentos financieros como cheques, pagarés, acciones y letras de cambio. Esos informes contrastan con el cálculo de dinero desaparecido de la escena del crimen -por el que existe otra investigación en curso-, que serían más de tres millones de pesos y 1,1 millón de dólares. Aquella suma, calculada en un peritaje de la Policía Federal, es “injustificada a la luz de la actividad general de la empresa de turismo en su contexto particular”, indicó la fiscalía. El hilo conductor del pedido de declaración indagatoria es el resultado del análisis forense practicado sobre el teléfono celular de Oldani, que demuestra -a partir de chats y audios de Whatsapp- sus conexiones con otras firmas y operadores del sistema financiero, la operatoria y los roles desempeñados por imputados e imputadas.
Según informó a Veo Noticias el abogado defensor, Romeo Díaz Duarte, la mujer respondió las preguntas que se le formularon y aseguró desconocer cualquier tipo de operación ilícita que pudiera haberse cometido en la empresa que dirigía su padre. "Quien podría responder esas preguntas es Hugo Oldani pero fue víctima de un hecho de inseguridad, ella es técnica en Turismo y sólo realizaba operaciones turísticas", aseguró el profesional.
La investigación tiene como imputados a la hija de Oldani; a una empleada de la firma; a la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, con asiento en Santa Fe; y a otros siete varones, dos de los cuales son operadores del Grupo Carey SA, con sede en Rosario, firma dedicada a servicios financieros y asesoramiento bursátil. Uno de ellos, además, integra la Asociación Mutual 29 de noviembre.
De acuerdo con la imputación de la fiscalía, las operaciones se habrían realizado desde 2018 hasta el día del homicidio, el 11 de febrero pasado.
