La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y confirmar la medida cautelar dictada en primera instancia.
El fallo ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes de universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los planteos del Gobierno, al considerar “poco serios” los argumentos que sostenían que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta. Asimismo, señalaron que el impacto fiscal de la medida es reducido y que no afecta de manera sustancial el interés público. Por el contrario, subrayaron que está en juego un derecho central como el acceso a la educación superior pública.
La medida había sido dispuesta en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas. En ese momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la aplicación de la ley— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, además de evidenciar un incumplimiento claro de obligaciones legales.
Desde el Gobierno, en tanto, habían cuestionado la decisión judicial al calificarla como “arbitraria” y sostener que la norma requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento a través del Presupuesto, una atribución que —argumentaron— corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. También advirtieron sobre un posible impacto en el equilibrio fiscal, punto que fue descartado por la Cámara.
Tras conocerse el fallo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, remarcó que existen dos cautelares vigentes a favor del sistema universitario y sostuvo que el Ejecutivo “debe cumplir con la ley”. Además, advirtió que un eventual incumplimiento podría derivar en un caso de gravedad institucional.
Yacobitti también alertó sobre la situación salarial en las universidades públicas y afirmó que la mayoría de los trabajadores del sector se encuentra por debajo de la canasta básica. En ese marco, pidió abrir instancias de diálogo para evitar una escalada del conflicto que perjudique a estudiantes y a la sociedad en general.
El conflicto por el financiamiento universitario se intensificó entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones en todo el país. Entre ellas, se destacaron la Marcha Federal Universitaria de octubre de 2024 y la protesta de septiembre de 2025 bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”, en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley aprobada por el Congreso.
A pesar de que la oposición logró sancionar la norma y superar el veto presidencial, el Ejecutivo dictó un decreto que frenó su implementación. En la actualidad, la estrategia oficial apunta a impulsar una nueva ley que modifique el esquema vigente y reúna el consenso necesario en el Congreso, con el objetivo de encauzar el conflicto y otorgar previsibilidad al sistema universitario.
