El Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela resolvió intervenir parcialmente la administración de Sancor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) y ordenó la designación de un coadministrador judicial en el marco del concurso preventivo que atraviesa la empresa. La medida fue dispuesta el 29 de diciembre y tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga.
La decisión judicial se adoptó tras los pedidos formulados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control, que advirtieron sobre reiterados incumplimientos salariales, deudas previsionales y una conducta persistente de reticencia informativa por parte de la concursada. Según consta en la resolución, Sancor adeuda salarios desde junio de 2025, la totalidad del aguinaldo correspondiente al año en curso y continúa generando pasivos posteriores a la apertura del concurso.
El fallo también menciona que la empresa no habría acreditado el pago de créditos prontopagables y que existen inconsistencias en la información suministrada sobre contratos de elaboración y comercialización con terceros, funcionamiento de plantas, niveles de producción, stock y capacidad operativa. Estas omisiones, sostuvo el juez, impiden un control adecuado del proceso concursal y vulneran el deber de colaboración previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.
En ese contexto, la resolución dispuso una coadministración, lo que implica que Sancor conserva formalmente la conducción de la empresa, pero ya no puede adoptar decisiones con impacto patrimonial o contable sin la intervención conjunta del coadministrador judicial. Todo acto que no cuente con esa participación será considerado nulo.
El coadministrador deberá ser un profesional con aptitud certificada en sindicatura concursal, será seleccionado a partir de una terna propuesta por la Sindicatura y podrá contar con hasta seis auxiliares técnicos. Tendrá facultades de gestión, auditoría y control en tiempo real, con acceso a todas las plantas e instalaciones de la empresa, y deberá presentar un plan de trabajo dentro de los diez días de asumir el cargo.
En su resolución, el magistrado fundamentó la medida en la necesidad de proteger los intereses de los acreedores, de la masa concursal y del interés general, y señaló que la coadministración busca garantizar transparencia, control efectivo y viabilidad del proceso, sin desplazar de manera total a los órganos de conducción de la empresa .
