El Tribunal Constitucional (TC) intentará concretar antes del viernes próximo la excarcelación del expresidente de Perú Alberto Fujimori, de acuerdo al plazo que le otorgó al Estado paruano para que exponsa su posición la Corte Interamericana de Derechoa Humanos (Corte IDH), que anticipó su discrepancia con el fallo, en sintonía con organismos de derechos humanos.
Según el expresidente del TC Óscar Urviola, próximo al fujimorismo, la rapidez del tribunal para publicar su resolución permitirá darle al Instituto Nacional Penitenciario la orden de liberar al exmandatario, de 83 años, quien originalmente debía permanecer en prisión hasta 2032.
“Hay un avión esperando para llevarlo a Japón (a Fujimori)”, dijo -sin mencionar fuentes- el abogado Gregorio Parco, impulsor del hábeas corpus acogido por el TC, donde es fuerte la presencia de magistrados señalados como fujimoristas.
Aunque la excandidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori asegura que su padre no piensa irse del país, hay juzgados en acción para prohibirle la salida, pues, más allá del indulto, todavía hay casos por los que debe responder.
El caso que ha generado movilizaciones populares estalló el jueves, cuando el TC acogió el hábeas corpus interpuesto por el hasta entonces desconocido Parco contra la sentencia judicial que en 2018 revocó el indulto a Fujimori concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Los votos de los magistrados a los que la prensa vincula con la derecha radical, Augusto Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón, empataron con los de Marianella Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña y Manuel Miranda, por lo el de Ferrero valió doble como presidente del organismo.
“El TC está avergonzando al sistema de Justicia en Perú con un indulto plagado de vicios”, dijo Marly Anzualdo, cuyo hermano Kennet es una de las 25 personas por cuya muerte fue condenado Fujimori a 25 años de cárcel en 2007.
Del indulto al regreso a prisión
Fujimori, que de 1990 a 2000 hizo un gobierno autoritario de derecha que incluyó un período de abierta dictadura, fue indultado en 2017 por Kuczynski, quien, según numerosas evidencias, lo negoció con parlamentarios fujimoristas a cambio de que no lo destituyeran.
El indulto fue revocado casi un año después por la Justicia ante las irregularidades que lo rodearon y Fujimori regresó a su celda en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, aunque ha pasado gran parte del tiempo en clínicas.
“(La gracia presidencial) fue resultado de un acuerdo para blindar a Kuczynski”, dijo en una entrevista de televisión Ledesma, al explicar por qué voto contra el habeas corpus.
El fallo había sido anticipado por expertos debido a la nueva correlación de fuerzas en el TC, derivada de la reciente muerte del magistrado Carlos Ramos. Antes, los señalados como fujimoristas solían perder las votaciones por 4-3, pero ahora empatan y tienen el voto dirimente de Ferrero.
De hecho hay otros casos, vinculados sobre todo a derechos humanos, en los que medios independientes ya advirtieron que ese tribunal, cuyos fallos son inapelables en Perú, prepara acciones en favor de sentenciados.
Pero hay una instancia que sí puede corregir al TC: la Corte IDH. Ese tribunal supranacional está en alerta ante un fallo que, según anticipó, afecta el derecho de las víctimas y contradice la filosofía contra indultos en casos de lesa humanidad.
En ese marco, la Corte IDH dio plazo para explicaciones, mientras portavoces de la derecha radical, como el parlamentario y almirante en retiro Jorge Montoya, pedían que el país se retire del sistema interamericano de derechos humanos. Las Naciones Unidas también se han mostrado preocupadas.
Expertos peruanos no se han puesto de acuerdo en cuál es el marco de acción en el tema del presidente Pedro Castillo, quien se ha reunido con familiares de las víctimas pero parece manejar el tema con pinzas en medio del continuo accionar fujimorista en su contra.
“El mensaje que se tiene que dar como Estado, como Gobierno, debe ser contundente en la lucha contra la impunidad. La cosa es atreverse y no tenerle miedo al fujimorismo”, afirmó la hasta hace poco ministra de Cultura Gisella Ortiz, cuyo hermano Luis fue otra víctima en las masacres perpetradas entre 1991 y 1992.
Los delitos imputados
Fujimori fue condenado a 25 años como autor mediato de dos matanzas ejecutadas por el destacamento militar Colina, del que la Fiscalía demostró que seguía una línea de mando encabezada por el entonces presidente y su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Quince personas que estaban en una fiesta en una casa del centro de Lima, incluido un niño de ocho años, fueron asesinadas por el Colina, que las creyó subversivas. Un profesor y nueve alumnos de la universidad estatal limeña La Cantuta, entretanto, fueron secuestrados y asesinados por el mismo destacamento por sospechas jamás probadas.
Aunque Fujimori ha sido señalado por otros varios casos de derechos humanos, fue por esos dos hechos icónicos y por dos secuestros que se le condenó. Además tuvo condenas por varios episodios de corrupción, aunque ya los pagó porque en Perú las condenas no son acumulables.
Sin embargo, aún hay casos que esperan para que Chile apruebe el juicio, pues ese país debe hacerlo por ser el que lo extraditó en 2007. En la lista hay masacres, esterilización forzada de mujeres y venta de armas a la guerrilla colombiana.
En medio de la posible excarcelación, fuentes judiciales han recordado que el reo se niega a pagar la reparación civil, que era en principio del equivalente a 7,3 millones de dólares, pero ahora llega a 13,7 millones por los intereses.
Fujimori, que tiene nacionalidad japonesa por ascendencia, ha sido poco visto en los últimos meses, pero sus allegados aseguran que tiene problemas graves de salud, que incluyen temas cardíacos, oncológicos y psiquiátricos y lo hacen dependiente de tanques de oxígeno.
Seguidores del exmandatario sostienen que se le debe liberar por cuestión humanitaria y “pasar la página”. “El problema es que no puedes pasar la página cuando está pegada con sangre”, respondió el poeta José Carlos Yrigoyen.
Fuente: Telam
