La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, estableció un plazo de cinco días para que el Estado acredite el cumplimiento total de la resolución.
La intimación alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y con la actualización de las becas estudiantiles. En caso de demora, el magistrado advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.
Qué cuestionó el juez
La nueva resolución fue dictada luego de que el Gobierno presentara un pedido para dejar sin efecto la intimación anterior. Cormick amplió los fundamentos de su decisión y sostuvo que el Estado no logró demostrar que hubiera cumplido de manera integral con la medida cautelar, que se encuentra firme.
En relación con los salarios universitarios, el magistrado reconoció que el Gobierno acreditó algunos avances, entre ellos la convocatoria a negociaciones paritarias y la efectivización de determinadas órdenes de pago. Sin embargo, consideró que esa documentación no permite concluir que se haya aplicado la actualización salarial prevista por la ley.
Uno de los elementos analizados fue la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026. Según el cálculo basado en el IPC del INDEC citado en la resolución, el incremento acumulado durante ese período fue del 312,19%. El juez sostuvo que de la información presentada por el Estado no surge que se haya alcanzado ese nivel de actualización.
La discusión por las becas
El otro punto cuestionado está relacionado con las becas estudiantiles. La Ley 27.795 contempla la actualización de distintos programas de asistencia, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería.
Según la posición presentada por el Gobierno ante la Justicia, la única beca que quedaría comprendida en la norma sería la Beca Manuel Belgrano.
Cormick consideró que esa interpretación tampoco acredita el cumplimiento de la cautelar, ya que el Estado informó acciones respecto de una sola de las becas contempladas.
El magistrado aclaró que esta consideración se limita al cumplimiento de la medida cautelar y no implica anticipar una decisión sobre la cuestión de fondo.
Cinco días para cumplir
Con estos argumentos, Cormick ratificó la intimación y ordenó nuevamente al Estado Nacional que cumpla con la medida cautelar dentro de un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
La cautelar había sido impulsada en el marco del reclamo de las universidades nacionales y quedó firme luego de su recorrido por las distintas instancias judiciales. El conflicto continúa mientras el Gobierno sostiene que avanzó en el cumplimiento de las obligaciones y el sector universitario reclama la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
