El Gobierno nacional decidió marcar la cancha con firmeza en la antesala de la discusión parlamentaria sobre la inseguridad y la justicia. De cara a las sesiones extraordinarias de febrero, donde se tratará el nuevo Régimen Penal Juvenil, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, redobló la apuesta y planteó que la edad de imputabilidad debería descender hasta los 12 años.
Aunque la iniciativa oficial fija preliminarmente el límite en los 13 años, la funcionaria sostuvo que la “discusión real” hoy se mueve en un rango etario menor. “La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, declaró Monteoliva, argumentando que Argentina ha quedado “rezagada” respecto a las tendencias internacionales.
Una ley de 1980 para una realidad de 2026
El argumento central del Ministerio de Seguridad es la obsolescencia de la normativa actual. Monteoliva remarcó que el país se rige por una ley de 1980, un marco legal que no contempla la mutación de las organizaciones criminales modernas. “Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han cambiado”, explicó la ministra para justificar la urgencia de la reforma.
En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la postura de su par de gabinete con una definición contundente: “El joven de 1980 no es el joven de 2026”.
“Delito de mayor, pena de menor”
Cúneo Libarona hizo hincapié en el impacto de la droga y la violencia en la criminalidad juvenil actual. Según el ministro, existen casos de extrema gravedad protagonizados por adolescentes de entre 12 y 15 años que “comprenden perfectamente lo que hacen”, actuando con dolo y voluntad.
“El régimen actual es malísimo e injusto para la víctima”, sentenció el titular de Justicia, quien abogó por terminar con la lógica de impunidad donde delitos graves cometidos por menores no reciben una respuesta penal acorde. “Basta de impunidad. Comete delitos de mayores, penas de menores. El sistema tiene que dar justicia”, concluyó.
Con el proyecto ya incorporado al temario de extraordinarias, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de una ley que promete ser uno de los ejes de conflicto político y social en el inicio del año legislativo.
