La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convocó a una sesión especial para el próximo 14 de mayo con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsan la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que complican al funcionario y mantienen bajo presión al Gobierno nacional.
La intención de los bloques opositores es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento para que emitan dictamen sobre los pedidos de interpelación. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza, por lo que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para tratar los proyectos directamente en el recinto.
Los proyectos buscan que Adorni comparezca ante Diputados para responder preguntas vinculadas a sus viajes, declaraciones patrimoniales y las sospechas de irregularidades que derivaron incluso en denuncias penales presentadas por legisladores opositores.
Entre quienes impulsan la iniciativa se encuentra el diputado Esteban Paulón, que además promovió una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La interpelación es considerada un paso previo a esa instancia parlamentaria, prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
La moción de censura permitiría a la Cámara baja expresar formalmente su desaprobación sobre la gestión del jefe de Gabinete y, en caso de prosperar en ambas cámaras, obligaría al funcionario a presentar su renuncia. Sin embargo, ese mecanismo nunca fue aplicado desde la reforma constitucional de 1994.
Desde el oficialismo, Adorni calificó la avanzada opositora como un intento de desestabilización política contra el gobierno de Javier Milei.
Aunque sectores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Trabajadores y parte del bloque Provincias Unidas ya manifestaron su respaldo a la ofensiva parlamentaria, la oposición todavía no reúne los votos necesarios para avanzar con una eventual remoción del funcionario.
En ese escenario, los gobernadores vuelven a ocupar un rol determinante. Por ahora, varios mandatarios provinciales mantienen una posición cautelosa y evitan comprometer públicamente el apoyo de sus legisladores a una moción de censura.
La vicegobernadora de Santa Fe y referente del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, consideró que Adorni debería renunciar, aunque aclaró que los diputados vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro no impulsarán su destitución parlamentaria.
“Adorni se tiene que ir solo”, sostuvo Scaglia en declaraciones radiales, al tiempo que señaló que una eventual salida debería producirse por decisión del propio funcionario.
Una postura similar expresaron sectores alineados con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quienes consideran que la situación debe resolverse en la Justicia y no en el Congreso.
Otros espacios provinciales como Independencia, cercano al gobernador Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca, vinculado a Raúl Jalil; e Innovación Federal, donde tienen influencia Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, tampoco dieron señales de acompañar una ofensiva directa contra la Casa Rosada.
Mientras tanto, el Gobierno busca contener el impacto político del caso y reforzar alianzas con las provincias. En ese marco, varios gobernadores compartieron actividades y reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una reciente visita oficial a San Juan.
