El Congreso rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca actualizar aranceles y regularizar pagos a prestadores del sistema. La Casa Rosada reconoció el revés político y comenzó a delinear una respuesta en los tribunales, con el objetivo de frenar los efectos de la norma. Al mismo tiempo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se estudian partidas adicionales para el sector, en un intento por mostrar sensibilidad frente al reclamo social.
El oficialismo, que venía resistiendo distintas embestidas legislativas, encontró un límite en la presión de sectores sociales y políticos que exigen mayor financiamiento para personas con discapacidad. El desgaste en la relación con aliados parlamentarios complicó aún más el escenario y dejó al Gobierno en una posición de debilidad. Según trascendió, las alternativas en estudio van desde cuestionar la legalidad de la sesión en el Senado hasta denunciar que la oposición impuso una ley sin respaldo financiero.
De acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la norma rondaría entre 0,25% y 0,45% del PBI, aunque podría ser mayor por medidas de difícil estimación. En este marco, la Casa Rosada evalúa aceptar parcialmente algunas disposiciones, pero descarta avanzar con nuevas altas de pensiones por discapacidad, la medida que mayor costo implica. Con este telón de fondo, el conflicto por la emergencia amenaza con trasladarse de lleno al terreno judicial.
