En una sesión cargada de simbolismo, la Legislatura santafesina aprobó el proyecto de ley para la jerarquización y puesta en valor de la Quinta de Funes como sitio de memoria y preservación histórica. La iniciativa, defendida por el diputado provincial Joaquín Blanco, busca transformar el predio en un centro de reflexión y educación sobre los derechos humanos, garantizando su mantenimiento estatal.
Un hito a 50 años del golpe de Estado
La sanción de este proyecto coincide con la agenda provincial por el 50° aniversario del golpe cívico-militar de 1976. “Es una decisión política para que el Estado se haga cargo de la preservación de nuestra historia reciente”, destacó Blanco al referirse a la necesidad de recuperar un sitio que sufrió años de abandono y vandalismo tras su expropiación original en 2017.
El legislador subrayó que la jerarquización permitirá que el inmueble, ubicado en la Ruta Nacional 9 y San José, deje de ser un espacio deteriorado para convertirse en un lugar de producción cultural y construcción democrática.
Recuperación histórica y reparación
La Quinta de Funes funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre septiembre de 1977 y enero de 1978, bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 121. Con la nueva ley, se formaliza un plan de obras que incluye el cerramiento perimetral y la refuncionalización integral de las hectáreas que componen el predio.
El rol de los organismos de Derechos Humanos
Durante el tratamiento del proyecto, se resaltó el trabajo de la Mesa Promotora de la Quinta de Funes, integrada por familiares y sobrevivientes, quienes han militado durante años por este reconocimiento. La normativa garantiza que el sitio sea un espacio abierto a la comunidad, con actividades pedagógicas destinadas principalmente a las nuevas generaciones.
