La Universidad de Buenos Aires (UBA) se presentó ante la justicia federal y solicitó ser tenida por querellante para poder impulsar una de las causas por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, tras detectar que algunas maniobras de inteligencia prohibida habrían sido realizadas sobre alumnos y docentes de esa institución, dijeron fuentes judiciales.
La presentación fue realizada ante el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi y lleva la firma de los abogados Pablo Agustín Lafuente y Valeria Thus, según informaron fuentes judiciales con acceso al expediente en el que se investigan, entre otras, maniobras de espionaje sobre personas privadas de su libertad.
“El Consejo Superior (de la UBA) tomó conocimiento, a partir de información periodística, de la existencia de maniobras de espionaje ilegal que habrían recaído en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad y sobre docentes que desempeñan funciones en el Centro Universitario Devoto (CUD) del programa de Estudios de la UBA en el Servicio Penitenciario Federal”, sostuvieron los letrados en el escrito.
Los abogados Thus y Lafuente invocaron en su presentación una investigación periodística publicada por el sitio web El Cohete a la Luna en el que se describió el supuesto hallazgo de información vinculada a supuestas maniobras de espionaje desplegada en el marco de convocatorias realizadas por la Facultad de Derecho de la UBA.
La información habría sido encontrada durante un allanamiento a la sede de Dirección Principal de Análisis de Información (DPAI) del Servicio Penitenciario Federal en el que se secuestraron pendrives con información de docentes “que dan clases en cárceles federales, entre otros Cristina Caamaño, Diana Cañal, Claudia Neira, David Cohen, así como información del ex director del Programa de Estudios en el SPF UBA XXI Leandro Halperín”, según surge de la presentación.
“La referida información también da cuenta de la presunta existencia de documentos que demostrarían la presencia de personas infiltradas por el Servicio Penitenciario Federal en charlas organizadas por la Facultad de Derecho, relacionadas con posibles reformas del régimen penitenciario”, sostuvieron los pretensos querellantes.
“El Consejo Superior ha expresado su enorme preocupación ante la revelación de que docentes y autoridades de esta universidad habrían sido víctimas de conductas prohibidas expresamente por el artículo 4 de la Ley 25.520, por parte de organismo pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional”, enfatizaron en la presentación de 9 páginas.
En esta causa están procesados, entre otros, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el entonces titular del Servicio Penitenciario Federal (SPA) Emiliano Blanco, entre otros.
Los procesamientos de los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y de una larga lista de exespías fueron dispuestos por el juez federal de Dolores Juan Pablo Augé y se encuentran ahora bajo el análisis de la Cámara Federal porteña.
Fuente: Télam
