La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía recientemente intervenida por Alberto Fernández- de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados.
El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
“Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, sostuvo el organismo que tiene entre sus misiones prevenir e impedir el lavado de dinero y los delitos económicos complejos y cuyo titular, Carlos Cruz, es un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo a la hipótesis de la UIF, tanto las presuntas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, partícipes y encubridores surgen también claramente de las pruebas analizadas. "Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, señaló.
Se trata de la primera presentación que hace la UIF en Comodoro Py en causas de relevancia política contra el gobierno anterior. Durante la gestión de Macri, esa repartición tuvo un protagonismo activo en expedientes que tenían como imputados a ex funcionarios del kircherismo. El escrito llegó a tribunales en la misma semana en que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, lo cual generó críticas de la oposición. Ayer se analizaron otras alternativas para la compañía en un encuentro realizado en la Quinta de Olivos.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había imputado a González Fraga -el último presidente del Banco Nación durante el macrismo y a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentin. Pero para la UIF, las irregularidades solo podrían haberse llevado adelante “en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”. Y por eso quiere avanzar sobre Sandleris y, específicamente, sobre Macri. Y sobre las personas jurídicas Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore.
“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior", señala el texto.
Fuente: Infobae