La Justicia de Brasil ordenó colocar una tobillera electrónica a la turista argentina Agostina Páez, de 29 años, investigada por un presunto delito de injuria racial ocurrido en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro. La medida fue aplicada este miércoles por la tarde y se suma a la retención de su pasaporte, lo que le impide abandonar el país mientras continúa la investigación.
El video que desató la causa
El caso tomó estado público tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a la joven realizando gestos considerados racistas hacia un mozo del local. Páez, quien es abogada e influencer, sostuvo en su declaración que desconocía que ese tipo de gestos constituyeran un delito en Brasil y afirmó que se trató de una broma dirigida a su grupo de amigos.
Denuncia por amenazas y temor por su seguridad
En paralelo, la joven presentó una denuncia policial por amenazas, asegurando que desde que el episodio se viralizó recibió mensajes intimidatorios e insultos a través de redes sociales y comunicaciones privadas. Además, manifestó que personas desconocidas ingresaron al departamento que alquilaba, lo que incrementó su temor por la propia seguridad.
Versión de la defensa y respuesta policial
El abogado defensor, Sebastián Robles, denunció que tres individuos se hicieron pasar por policías y accedieron al inmueble de manera confusa. Sin embargo, la Policía Civil de Río de Janeiro negó haber realizado procedimientos en el lugar y emitió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de desacreditar la labor de sus agentes.
En tanto, el padre de la joven, Mariano Páez, reveló que su hija fue obligada a abandonar el edificio donde se hospedaba por decisión de los administradores. “Está aterrorizada, teme por su vida y tuvo que mudarse”, afirmó.
Investigación en su etapa final
La investigación, a cargo de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, se encuentra en su tramo final. Según explicó el comisario Diego Salarini, se aguardan nuevas declaraciones de testigos y del personal del bar, antes de remitir las actuaciones al Ministerio Público.
En Brasil, la injuria racial está equiparada al delito de racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. El proceso judicial es supervisado por el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la capital carioca, mientras la joven continúa bajo estrictas restricciones judiciales.
