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Licitaran 2.500 km. de rutas nacionales que incluyen a Santa Fe

El Gobierno nacional lanzó la convocatoria para empresas interesadas en administrar tramos clave en cinco provincias, mediante el sistema de peajes.

11 de febrero de 2026


A través de la Resolución 112/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales. Esta medida forma parte de la segunda etapa de la “Red Federal de Concesiones” y alcanza a trazados estratégicos en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

La convocatoria está abierta a firmas nacionales e internacionales. Las adjudicatarias deberán hacerse cargo de la construcción, mantenimiento, administración y explotación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los tramos que afectan a la región

La licitación se divide en cuatro grandes bloques, de los cuales dos tienen impacto directo en la conectividad del centro del país y los accesos a los puertos:

  • Portuario Norte (528 km): Este tramo es vital para Santa Fe, ya que busca mejorar la conectividad con los principales polos industriales y terminales portuarias de la región.

  • Portuario Sur (637 km): Vincula accesos estratégicos a nodos logísticos fundamentales para las exportaciones y las economías regionales.

  • Mediterráneo (672 km): Conecta el centro productivo nacional para mejorar la logística competitiva.

  • Puntano (720 km): Corredor clave para el transporte de cargas de larga distancia e integración provincial.

Objetivos de la concesión

Según la normativa vigente, las empresas podrán realizar explotaciones complementarias para obtener ingresos adicionales, siempre que garanticen la reparación, ampliación y conservación de las calzadas. Para la región de Santa Fe y Santo Tomé, esta licitación resulta clave debido al intenso flujo de transporte pesado que circula hacia los puertos del Gran Rosario y zonas aledañas.

La medida busca trasladar el costo del mantenimiento al sector privado y a los usuarios directos, en un intento por mejorar la infraestructura vial sin depender exclusivamente del presupuesto nacional.