Logroño, una pequeña localidad de apenas mil habitantes ubicada en el departamento Nueve de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe, atraviesa un momento crítico luego de que se detuviera la instalación de una planta de desmotado de algodón que aparecía como la principal oportunidad de desarrollo y generación de empleo para la comunidad.
El proyecto, que había concentrado las expectativas del pueblo durante todo 2025, quedó paralizado tras la intervención del Ministerio de Ambiente provincial, luego de que la empresa impulsora realizara tareas de desmonte en un área protegida, en violación a la Ley de Bosques Nativos. La clausura fue dispuesta por la Justicia y el daño ambiental fue reconocido, mientras el expediente continúa su curso judicial, sin plazos definidos.
La situación encendió alarmas entre los habitantes de Logroño, que advierten sobre el riesgo de un progresivo vaciamiento del pueblo ante la falta de oportunidades laborales. Frente a ese escenario, la respuesta fue colectiva: más de 300 vecinos, junto a instituciones educativas, clubes, cooperadoras, comercios y organizaciones sociales, impulsaron una movilización pacífica y elevaron un petitorio formal al Gobierno provincial.
A la iniciativa se sumaron once jefes comunales del departamento Nueve de Julio y la intendenta local, Mariana Cardozo, quien expresó su preocupación por el impacto social del conflicto. “El daño ambiental existe y no lo negamos, pero también hay un daño social que no está siendo atendido”, sostuvo. Según explicó, la planta algodonera podía generar alrededor de 50 puestos de trabajo directos, un número significativo para una localidad con altos niveles de vulnerabilidad económica.
En el documento presentado, los vecinos aclaran que no cuestionan ni la legislación vigente ni el fallo judicial, pero solicitan la apertura de una mesa de diálogo que permita evaluar alternativas que contemplen tanto la protección ambiental como la necesidad de desarrollo productivo. En ese sentido, apelan a los lineamientos del Decreto 15/2025, que promueve la radicación de inversiones y el impulso de la actividad económica en el norte santafesino.
Desde la empresa involucrada reconocieron el error cometido y manifestaron su voluntad de acompañar un camino institucional que habilite una solución legal y sustentable. Sin embargo, hasta el momento, no hubo respuestas oficiales a los reclamos presentados.
Mientras tanto, sin protestas ni medidas de fuerza, la comunidad de Logroño insiste en que la discusión excede a una planta clausurada. “No pedimos impunidad, pedimos ser escuchados”, repiten los vecinos, que temen que el pueblo quede atrapado entre el cumplimiento de la ley y la falta de un horizonte que le permita sostener su futuro.
