El diputado nacional electo y ex ministro de Economía de la Alianza Ricardo López Murphy encabezó un pedido de juicio político contra los jueces que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos y al resto de los imputados en las causas por la explotación de las empresas hoteleras familiares Los Sauces y Hotesur.
Mediante una presentación de 24 páginas ante el Consejo de la Magistratura, López Murphy y el resto de los denunciantes consideraron que “no existe excusa alguna para no celebrar el Juicio” y acusaron a los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado de haber “desoído todas las resoluciones que resolvieron previamente estas cuestiones”.
“El accionar de los magistrados al intentar dotar de aparente sustento jurídico el sobreseimiento sin juicio, avasalla cualquier análisis razonado del plexo normativo vigente, ello es manifiesto y debe ser investigado”, sostuvo la denuncia.
López Murphy firmó la presentación junto su futuro colega diputado Roberto García Moritán (el marido de la modelo Carolina “Pampita” Ardoahin); a la ex jefa de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico y la legisladora porteña electa Marina Kienast, todos con el patrocinio letrado del abogado José Lucas Magioncalda, uno de los referentes de la Fundación Apolo, de intensa presencia en la Mesa de Entradas de Comodoro Py 2002.
El escrito denominó “casita de paja” al Poder Judicial y acusó a los jueces que dispusieron el sobreseimiento de haber “tergiversado de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a CFK y al resto de los acusados”.
“No cuestionamos lo actuado por los Jueces por divergencias en la interpretación jurídica o por disentir en la valoración de los hechos, sino porque estos Jueces atropellaron el ordenamiento jurídico deliberadamente”, sostiene la denuncia.
Una vieja doctrina del Consejo de la Magistratura sostiene que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus fallos, pues para ello están las instancias de apelación y los tribunales revisores hasta llegar hasta la Corte Suprema.
Un juez sólo puede ser removido por “mal desempeño de sus funciones” y por la comisión de un delito.
La denuncia que encabezó López Murphy reprocha a los jueces Grunberg y Obligado por haber “impedido indebidamente el desarrollo del Juicio Oral y Público, tal como lo fuera solicitado por el Fiscal del caso, Diego Velasco, y la Jueza -en disidencia- Adriana Palliotti”.
El expediente será girado a la Comisión de Disciplina y Acusación, que deberá sortear a un consejero para que lleve adelante la investigación.
Fuente: NA
