Los abogados del policía bonaerense Luis Chocobar, Fernando Soto y Luis Cevasco, denunciaron penalmente al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por el presunto delito de “abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de secreto” y lo acusaron de “persecución política”.
La IGJ denunció a la Fundación Chocobar porque no estaba registrada como tal, pese a lo cual en una página de internet recibía donaciones que iban destinadas a una cuenta de Mercadopago y a la caja de ahorros del propio policía en el Banco Provincia de Buenos Aires. La denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, abarca también a Manuel Cuiña Rodríguez, subinspector general de Justicia.
Ahora, en una suerte de contragolpe en tribunales, los abogados de Chocobar –quienes figuran en la directiva de la Fundación- denunciaron que “bajo el ropaje de una resolución administrativa la actividad desplegada por los funcionarios ahora denunciados tuvo, en realidad, la evidente intencionalidad de generar una persecución política”.
“Utilizaron para ello la estructura y los recursos de la Inspección de Personas Jurídicas. En lo resuelto se advierte una intención absolutamente ajena a los objetivos de la institución que representan, ya que los pretendidos fundamentos evidencian, por lo pueriles, superficiales e inconsistentes que resultan, cuanto menos, impropios de un organismo de esa naturaleza”, sostiene el texto de la denuncia.
El documento desmiente que se haya intentado “estafar” a los donantes de dinero para la fundación que aún no está constituida legalmente. “Sostuvieron que, como la Fundación Chocobar aún no estaba inscripta, entonces se engañaba a los donantes y se los estafaba para conseguir que depositaran dinero en la cuenta de Chocobar. De haber recabado información, habrían advertido inmediatamente que la página web no fue abierta para difundir la Fundación Chocobar sino para difundir el Caso Chocobar”, refutaron.
“La intención de los querellados no fue nunca actuar administrativamente sobre un tema jurídico, ni sobre la verdad, ya que la resolución administrativa no fue una decisión jurídica, sino que fue una decisión política”, añadieron. En la página de internet donde figura el proceso de “formación” de la Fundación aparece una leyenda que advierte que “el gobierno presiona a Chocobar”.
“Si bien esperábamos que se nos trabara el trámite si iniciábamos la fundación ante la IGJ, no nos habíamos imaginado que íbamos a recibir semejante ataque personal, injusto y persecutorio para hacernos desistir de toda idea de continuar por la senda de asistir a Oficiales de Policía”, puntualiza la denuncia.
El documento se queja de que a los abogados de Chocobar les fue imputado “un delito inexistente”, que no fueron citados para ejercer su defensa y que la denuncia contra la Fundación fue difundida “a los cuatro vientos” con la intención de “denostarlos públicamente”.
Fuente: NA
