Los docentes de la provincia de Santa Fe volverán a estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias a partir de los haberes correspondientes al mes de noviembre, que se cobrarán en diciembre. Así lo confirmó el Gobierno provincial luego de que la Justicia Federal dejara sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación del tributo para el sector educativo.
La resolución judicial fue emitida por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que revocó la medida dictada en agosto de 2024 a partir de un planteo del gremio CTERA. Aquella decisión había frenado las retenciones del impuesto en los salarios docentes, generando una exención temporal que ahora llega a su fin.
Con esta modificación, la provincia deberá retomar los descuentos del tributo conforme a la normativa vigente. El Ministerio de Educación informó que las retenciones se aplicarán sobre los salarios que superen el mínimo no imponible establecido por ley, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General 4003/17 de la AFIP. Además, se aclaró que el porcentaje máximo de retención será del 35 % sobre la remuneración bruta mensual. Si el monto a retener superara ese límite, el excedente se diferirá y se ajustará en la liquidación anual de abril de 2026, a través del formulario F.1359.
Desde la administración provincial recordaron también que los agentes deberán presentar o actualizar el formulario F.572 Web en el servicio SIRADIG–Trabajador, donde se declaran las cargas de familia, otros ingresos y deducciones permitidas para el período fiscal 2025. Este trámite resulta fundamental para evitar retenciones erróneas o excesivas.
La medida impactará directamente sobre el bolsillo de los docentes, muchos de los cuales habían quedado exentos del impuesto desde mediados de 2024. Con la reanudación de los descuentos, los trabajadores del sector educativo verán reflejado el tributo en sus recibos de sueldo de diciembre, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
De esta manera, la provincia de Santa Fe vuelve a alinearse con la aplicación plena del Impuesto a las Ganancias en el ámbito público, luego de más de un año de suspensión parcial para los docentes. La decisión judicial pone fin a un período de alivio fiscal transitorio y reabre el debate sobre el alcance del tributo en los salarios del sector educativo.
