Esta mañana, la ciudad de Paraná fue sede de un encuentro clave del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), donde mandatarios de diversos puntos del país suscribieron un documento que denuncia una situación de asfixia financiera crítica. Los municipios argentinos sostienen que deben responder a cada vez más demandas con menos recursos, en un escenario de creciente abandono por parte de la Nación que golpea directamente a familias, trabajadores y jubilados. Según los mandatarios presentes, mientras el Gobierno Nacional intenta imponer un discurso que responsabiliza al interior de la decadencia del país, son los gobiernos locales quienes sostienen la atención social, la salud y los servicios esenciales.
La crisis se manifiesta con fuerza en el sistema sanitario y social, ya que hoy los municipios deben absorber la demanda de jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI y la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas ante el vaciamiento de los planes Remediar y Sumar+. A esto se suma la crisis del transporte público, que se sostiene sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles, fondos que se siguen destinando prioritariamente al AMBA. Los datos económicos presentados en la reunión son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas y el desempleo creció en 300.000 personas, impactando en una coparticipación federal que cayó más de un 10% en términos reales durante los primeros meses de 2026.
En términos fiscales, el reclamo surgido en Paraná apunta a una desigualdad estructural donde la incidencia impositiva municipal es de apenas el 3% frente al 75% que aplica la Nación. El COFEIN denunció que el Gobierno Nacional retiene fondos fundamentales; solo en 2025, se estima que quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incumpliendo leyes y acuerdos vigentes. Esta situación motivó un pedido de discusión de fondo sobre el esquema impositivo argentino para establecer un federalismo fiscal que contemple la cantidad real de habitantes y los servicios que efectivamente presta cada nivel del Estado.
Entre las medidas inmediatas, los intendentes exigen una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, calificando como inaceptable que los gobiernos subnacionales reciban solo el 10,4% de lo recaudado cuando soportan el 100% del mantenimiento de la infraestructura vial. En este sentido, brindaron su apoyo a la iniciativa de los gobernadores para elevar esa participación al 57% con carácter coparticipable. El documento finaliza con un fuerte compromiso de no abandonar la salud ni la educación pública, y lleva la firma de referentes como Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Ulpiano Suarez (Mendoza), entre otros representantes de todo el país.
