En medio de la polémica por los presos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió hoy al cruce de los dichos del presidente Alberto Fernández y advirtió que "ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial".
"A propósito de declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos, las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales", enfatizó la entidad, liderada por Marcelo Gallo Tagle. En un comunicado, recalcó: "Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial".
La Asociación de Magistrados se expresó así luego de que Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmaran que las excarcelaciones son parte de una cuestión enteramente judicial, en el que no tiene nada que ver la política.
"Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales. Y tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve", explicó la entidad.
A la vez, advirtió que "es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros". En tanto, la Asociación de Magistrados ratificó "el principio de que en el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los jueces que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve".
Fuente: NA
