Por Andrea Scándolo
El mensaje de Luciani en el Congreso Anticorrupción
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la investigación en la causa Vialidad, participó del III Congreso Anticorrupción realizado en el Club del Orden de Santa Fe. El evento fue organizado por la Asociación Civil Río Paraná, la Asociación Entre Ríos sin Corrupción y la Fundación Friedrich Naumann, y contó con un auditorio colmado.
Luciani abrió su exposición con una definición contundente: “No vamos a descansar hasta que devuelvan el dinero que se robaron”.
El fiscal advirtió que desde hace más de 30 años la Argentina “viene siendo atacada por políticos que saquean al país”, y que la principal víctima de esos actos es la sociedad. También remarcó que “los organismos de control del Estado están parasitados por la corrupción” y que, cuando esta se vuelve endémica, “la Justicia no debe ser garantía de impunidad, como ocurrió durante mucho tiempo, sino un freno decisivo”.
Críticas a la política y a la Justicia
Luciani cuestionó a los partidos políticos por tolerar la corrupción e incluir en sus listas a personas investigadas, y señaló que algunos dirigentes “buscan desacreditar las decisiones judiciales e incluso llegan al extremo de juzgar a los jueces”.
Planteó que la corrupción es un “atentado contra la democracia y los derechos humanos”, y subrayó que los más damnificados son los sectores vulnerables: “El corrupto es un Robin Hood al revés: le roba a los pobres para enriquecer a los ricos. Así tenemos una Argentina con el 50 % de pobres en un país rico, aseguró.
El fiscal llamó a la sociedad a exigir “tolerancia cero a la corrupción” y convocó a un “cambio paradigmático” en el vínculo entre política, Justicia y ciudadanía.
La causa Vialidad y el rol de los fiscales
Luciani repasó detalles y reveló otros, del juicio por la obra pública en Santa Cruz, donde se comprobó que Lázaro Báez competía contra sus propias empresas en licitaciones amañadas, lo que convirtió el proceso en una “ficción”.
Señaló que Báez pasó de ser asalariado a transformarse, en apenas 12 años, en propietario de 420 hectáreas —una superficie equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires—, más de mil bienes muebles entre aviones, autos y camionetas, y con más de 55 millones de dólares fugados al exterior.
El fiscal relató que antes del inicio del juicio muchos colegas se negaron a acompañarlo en la acusación, pero que Sergio Mola aceptó hacerlo “por sus hijos y por la Patria”.
Presiones, amenazas y pruebas clave
Luciani recordó que el juicio se desarrolló mientras Alberto Fernández asumía la Presidencia y Cristina Fernández de Kirchner, la principal acusada, era consagrada vicepresidenta. En ese contexto, pidió a su equipo que fueran “como un submarino, avanzando lento y sin ser vistos”.
Incluso relató que, tras el triunfo electoral, un abogado le preguntó en la sala de audiencias por qué seguían adelante si “ya se había terminado todo”. “No nos atemorizó el poder y no lograron quebrarnos”, afirmó.
En su exposición destacó la importancia de una prueba decisiva: los teléfonos secuestrados a José López, detenido mientras intentaba ingresar bolsos con dinero a un convento, los que nunca habían sido analizados. Así fue que uno de sus colaboradores fue el encargado de hallar en los más de 26 mil mensajes, de los que surgieron pruebas sobre el plan “Limpiar Todo” y sobre el control que Cristina Kirchner tenía en los pagos a Báez.
Respaldo institucional y fallo histórico
Durante los tres años que duró el proceso, Luciani aseguró haber sufrido presiones, amenazas y persecuciones, e incluso recordó proyectos que buscaban anular las causas de corrupción si la prensa las difundía.
No obstante, destacó el respaldo que recibió del procurador Eduardo Casal, quien le garantizó independencia en su trabajo, y subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena en la causa Vialidad, al que calificó como un hecho histórico.
