El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este jueves 24 de julio el premio correspondiente al Programa Asistencia Perfecta, destinado a reconocer la continuidad laboral de docentes, directivos, secretarios y preceptores de gestión pública y privada. En esta ocasión, 51.248 agentes educativos cobrarán el incentivo mensual correspondiente a junio, mientras que 36.706 recibirán también el premio por asistencia trimestral.
Del total que accede al premio mensual, 45.783 personas no registraron inasistencias y 5.465 tuvieron una sola falta. En tanto, el reconocimiento trimestral —que abarca los meses de abril, mayo y junio— será percibido por 29.776 docentes sin ausencias y 6.930 con solo una.
La inversión provincial para afrontar ambos pagos asciende a más de 11.487 millones de pesos: $5.727.563.493 para el mes de junio y $5.759.710.216 por el trimestre.
El programa, que otorga premios mensuales y trimestrales, tuvo en junio un incremento del 8% en los montos que perciben los beneficiarios. Así, por ejemplo, un docente con cargo directivo o supervisión que no registró faltas cobrará $180.422 por el mes y $270.320 por el trimestre. Un docente con hasta 352 puntos cobrará $90.211 por mes y $135.317 por el trimestre. También se actualizan las cifras para docentes de jornada completa o por hora cátedra, diferenciando entre nivel superior y otros niveles.
Aquellos que registraron una única inasistencia percibirán la mitad del incentivo, de acuerdo a la escala correspondiente a su cargo y modalidad.
¿Qué es Asistencia Perfecta?
El Programa Asistencia Perfecta fue implementado por el Gobierno provincial como una herramienta para incentivar la presencia en el aula y reducir los altos índices de ausentismo docente detectados antes de su puesta en marcha. La iniciativa contempla premios mensuales y trimestrales para quienes cumplan con criterios de continuidad laboral.
Según establece el decreto que dio origen al programa, el objetivo es “garantizar el acceso igualitario a una educación de calidad”, evitando que los factores socioeconómicos, culturales o geográficos interfieran en el derecho de los estudiantes a aprender.
