En los últimos 20 meses, la Justicia de Santa Fe rechazó más de 700 hábeas corpus presentados por personas privadas de la libertad vinculadas a causas por narcotráfico. Las resoluciones se enmarcan en las modificaciones introducidas por la nueva Ley Penitenciaria provincial y en la aplicación de la figura del “interno de alto perfil”, creada a fines de 2023.
Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad, la medida forma parte de un conjunto de políticas destinadas a reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios y reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales desde el interior de las cárceles.
La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, explicó que la nueva normativa “permitió mejorar el control sobre los internos con antecedentes de violencia o vínculos con el narcotráfico”, y destacó que las condiciones de seguridad en los penales “son más estrictas que en años anteriores”.
Las fuentes oficiales indicaron que los hábeas corpus rechazados fueron interpuestos por defensas de internos que cuestionaban las nuevas condiciones de detención y los traslados dispuestos bajo el régimen de “alto perfil”.
En paralelo, la política penitenciaria se complementa con otras acciones en territorio, como el derribo y clausura de puntos de venta de drogas. Según cifras oficiales, desde 2023 se desactivaron cerca de 80 búnkeres en distintos barrios de Rosario y otras localidades santafesinas.
Con esta combinación de medidas judiciales y operativas, el Gobierno provincial busca limitar el poder de las estructuras criminales tanto dentro como fuera de las cárceles.
