El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe dispuso por decreto una recompensa de $500 mil por información del misterioso caso ocurrido en octubre del año pasado.
En la tarde del 24 de octubre, Rafael Espino de 62 años y de su esposa, Mónica Rampazzo de 57 fueron encontrados muertos en en el interior de su vivienda ubicada en Francia al 1100. Además, en una habitación de la planta alta hallaron al hijo del matrimonio, un joven cuadripléjico de 33 años, con signos de deshidratación e hipotermia que trasladado al Hospital Cullen pero falleció días después debido al grave cuadro.
En principio se fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los cuerpos presentaban signos de violencia, lo que fue descartado luego por loa médicos forenses tras realizar las respectivas autopsias. La degradación con la que fueron hallados los cuerpos fue producto del tiempo transcurrido entre el momento de la muerte y el hallazgo de los restos, se estima que pasaron entre 5 y 7 días entre un hecho y otro.
La desaparición de la camioneta de la familia y su posterior hallazgo abandonada y chocada en Barrio Santa Rosa de Lima es un elemento que tampoco tiene hasta el momento explicación en el marco de la investigación.
El decreto expresa que en estos meses, se logró recavar " importantes evidencias sobre la materialidad del delito, pero hasta el momento no se han logrado avances en la identificación del/los autor/es del hecho"; por lo tanto el fiscal general, Jorge Baclini, solicitó un ofrecimiento de compensación dineraria ya que "se han evidenciado dificultades en cuanto a la consecución de testigos del hecho que permitan avanzar en la individualización de el o los partícipes y que, asimismo y de acuerdo a los fiscales del caso, existe cierto hermetismo o reticencia entre los vecinos de la familia Espino, dándose la particularidad de que se trataba de un matrimonio con escasa vinculación de amistades y/o social" se manifiesta en la publicación gubernamental.
Los fiscales de la Unidad Fiscal de Homicidios del MPA, Ana Laura Gioria y Andrés Marchi, están a cargo de la investigación.
