El debate sobre la morosidad de los hogares volvió a ocupar un lugar central en la Cámara de Diputados y abrió una nueva disputa entre la oposición y el oficialismo. Ocho bloques reunieron 49 firmas para solicitar una sesión el miércoles 9 de septiembre, con el objetivo de avanzar sobre un conjunto de iniciativas destinadas a aliviar el endeudamiento de las familias.
La oposición llega a esta instancia con un antecedente favorable: en la última sesión consiguió 133 votos para habilitar el tratamiento de proyectos vinculados con la morosidad. Sin embargo, las iniciativas no pudieron ser debatidas porque no formaban parte del temario y para incorporarlas en ese momento se requería una mayoría especial de tres cuartos del recinto.
Ahora, los bloques opositores buscan repetir esa mayoría y convertir el respaldo obtenido en una agenda parlamentaria concreta. El principal desafío será alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas sobre un texto común entre los 50 proyectos presentados.
La respuesta del oficialismo
Frente a la convocatoria opositora, el oficialismo decidió avanzar con una estrategia en comisiones.
La Comisión de Finanzas de Diputados fue convocada para el 2 de septiembre a las 13.30, con un temario que incluye proyectos relacionados con declaraciones de emergencia, programas de reestructuración de deudas y medidas específicas para distintos sectores de deudores.
Entre las iniciativas figuran propuestas destinadas a jubilados, personas con deudas de tarjetas de crédito y quienes tomaron créditos hipotecarios UVA, además de proyectos vinculados con los límites de las tasas de interés.
Desde la oposición consideran que esta convocatoria no reemplaza el pedido de sesión previsto para el 9 de septiembre. El objetivo de los bloques que impulsan la iniciativa es utilizar el debate en comisiones para avanzar hacia dictámenes que permitan acelerar posteriormente el tratamiento en el recinto.
El problema de la morosidad
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de crecimiento de los niveles de morosidad entre las familias argentinas.
Según datos del Banco Central, el aumento de la mora bancaria comenzó a profundizarse hacia fines de 2024. El indicador pasó del 2,5% en octubre de ese año al 12,8% en junio de 2026.
La situación también se refleja en los préstamos personales y en las tarjetas de crédito. En los primeros, la mora pasó del 3,3% al 15,9% entre octubre de 2024 y mayo de 2026, mientras que en las tarjetas aumentó del 1,6% al 13,1%.
Uno de los grupos más afectados es el de los jóvenes de entre 18 y 25 años, cuya participación en el sistema bancario creció durante los últimos dos años. En ese segmento, la tasa de morosidad pasó del 24,7% al 40,8% entre 2024 y 2026.
El debate también alcanza al sector productivo. La problemática del endeudamiento y los atrasos en los pagos comenzó a generar preocupación entre empresas e industrias, que reclaman alternativas para afrontar sus obligaciones.
Las diferencias dentro de la oposición
Aunque los distintos bloques coinciden en la necesidad de discutir el crecimiento de la morosidad, todavía existen diferencias sobre el alcance de las medidas y la forma de abordarlas.
El peronismo reúne varios proyectos con propuestas diferentes, mientras que otros sectores opositores plantean alternativas vinculadas con la reestructuración de deudas, los intereses y las condiciones de los créditos.
La intención de algunos bloques es alcanzar un proyecto unificado que permita avanzar sin generar un impacto significativo sobre las cuentas públicas.
En ese sentido, el desafío será transformar las 50 iniciativas presentadas en una propuesta común que reúna suficiente respaldo parlamentario.
El Senado y la discusión con los gobernadores
La discusión también comienza a proyectarse hacia el Senado. Los bloques opositores de la Cámara alta siguen de cerca el proceso en Diputados y evalúan la posibilidad de comenzar a debatir el tema durante octubre, en caso de que avance una iniciativa.
Para conseguir respaldo en ambas cámaras, la oposición también inició conversaciones con gobernadores, especialmente por el impacto que podrían tener algunas de las medidas sobre las economías provinciales.
El primer paso será determinar si Diputados logra avanzar con un dictamen y, posteriormente, si los distintos sectores consiguen reunir los votos necesarios para llevar una propuesta al recinto.
Por ahora, la disputa se concentra en la convocatoria del 9 de septiembre: mientras la oposición busca mantenerla para acelerar el tratamiento de las iniciativas, el oficialismo apuesta al debate en comisiones como vía para ordenar la discusión.
