La investigación por la muerte de Mauro González en la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe tendrá un nuevo capítulo judicial. A menos de un mes de la audiencia en la que se resolvió la situación procesal de seis policías imputados, la Cámara de Apelaciones comenzará a revisar las medidas dispuestas por la Justicia.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) designó al juez Jorge Andrés para intervenir en el expediente y analizar los recursos presentados contra la resolución dictada por la jueza Cecilia Labanca.
El fallo cuestionado dispuso la prisión preventiva para los agentes Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali, mientras que ordenó que Sabrina Petiton y Juan Cruz Barros continúen el proceso en libertad.
Apelaciones de las defensas y de la Fiscalía
La resolución fue recurrida por distintas partes del proceso. Por un lado, las defensas de Amarillo y Bardinali solicitaron revisar las prisiones preventivas impuestas a sus defendidos.
Por otro, el fiscal Ezequiel Hernández y el abogado querellante Rodolfo Mingarini apelaron la decisión que permitió a Sabrina Petiton permanecer en libertad mientras avanza la investigación.
Ahora, el juez Andrés deberá resolver si admite formalmente los recursos presentados. En caso afirmativo, se fijará una audiencia para debatir los planteos impulsados por las defensas, la Fiscalía y la querella.
Qué ocurrió con Mauro González
La causa investiga la muerte de Mauro González, un hombre de 35 años que falleció el 17 de enero de este año tras ser detenido y trasladado a la Comisaría Octava.
Según la hipótesis de la Fiscalía, González atravesaba una crisis vinculada al consumo de estupefacientes cuando fue interceptado por personal policial en inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú.
Los investigadores sostienen que, luego de ser reducido, esposado y subido a un móvil policial, el hombre habría sido víctima de agresiones físicas durante el traslado. También se encuentra bajo análisis el recorrido realizado por los efectivos antes de llegar a la dependencia policial, que incluyó una parada en una estación de servicio y una revisión médica en Medicina Legal.
La acusación sostiene que, una vez alojado en una celda de la Comisaría Octava, González sufrió una broncoaspiración que le provocó la muerte.
Los policías imputados
La investigación derivó el pasado 1 de julio en la detención de seis efectivos policiales. Cinco de ellos pertenecen al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería.
En el caso de los integrantes del Comando, la Fiscalía les atribuyó el delito de torturas seguidas de muerte, una figura penal que contempla severas penas de prisión.
Por su parte, Juan Cruz Barros fue imputado por vejaciones, al considerar los investigadores que tuvo una participación inicial en la reducción de González.
Además, otros dos agentes de Infantería, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, fueron imputados en libertad por encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por omisión de reprimir delitos.
La imputación pendiente de una médica policial
La causa aún tiene una instancia clave por delante. La Fiscalía y la querella avanzan sobre la actuación de la médica policial que examinó a González antes de que fuera alojado en la Comisaría Octava.
Su situación procesal todavía no fue definida, pero los investigadores ya anticiparon que será convocada a una audiencia imputativa en el marco de una causa que continúa sumando elementos y que mantiene bajo la lupa el accionar de los agentes involucrados.
