“Necesito curarme y seguir adelante, trabajar, pero que a mi familia no le pase nada de lo que amenazaron. Parte de mi vida está destruida. No puedo salir ni a la vereda“, dijo la suboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe que denunció a sus dos superiores por violarla y amenazarla de muerte en la cárcel de Coronda, donde trabajaba. Parte de la amenaza se cumplió: esta semana la cesantearon por decreto. Ayer se constituyó como querellante ante el de Delitos Complejos santafesinos, Ezequiel Hernández y la fiscal de Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala, para acusar a los oficiales E.S. y P.M. de abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas.
La denunciante es una mujer de 39 años, y 14 de servicio en el SPSF oriunda de Gálvez. Su relato desborda cualquier capacidad de asombro por lo que sufrió en junio de 2017 en su lugar de trabajo, la Unidad Penitenciaria N° 1, de Coronda, y por la investidura de sus abusadores, quienes entonces eran las máximas autoridades del presidio.
La mujer contó que al cabo de una licencia por depresión y stress postraumático originado por la labor penitenciaria, volvió a trabajar por prescripción psiquiátrica. Un día me mandaron a un sector que todavía no estaba terminado. Estuve mucho tiempo sin luz, sin agua, sin baño. Reclamé, porque tenía que cumplir los horarios de mi medicación y pedí que conectaran el agua y terminen el baño. Nunca lo hicieron. Aguanté como pude. Esos dos compañeros míos (E.S. y P.M.) después tomaron la Dirección, entonces otra vez manifesté mi reclamo por razones de salud. Me respondieron que hiciera mis necesidades en una botella. Entonces dije ‘no molesto más’, porque mi prioridad era mi trabajo. Me pusieron un foco y un enchufe, entonces traje una estufa de mi casa porque el frío era tremendo.
En dialogo con el proghrama Sin Compromisos que conduce Alberto Girardi en Veo Santo Tomé, la víctima relató cómo sucedieron los hechos y describió la impunidad que con la que los presuntos agresores actuaron.
Flavia siguió adelante, intimidada por la amenaza, y confinada a ese sector insalubre de trabajo. En esas circunstancias contrajo una infección urinaria por la que un día no pudo ir a trabajar. Avisó por teléfono y luego llevó certificado médico. La administración del SPSF ignoró el aviso y le abrió un sumario administrativo por supuesta falta injustificada. En 24 horas ya la habían suspendido.
