El Gobierno nacional resolvió anular el último convenio vigente para repavimentar la Ruta Nacional 178, en el tramo que conecta Las Rosas con su intersección con la Ruta 33, dejando sin respuesta una de las obras viales más urgentes del centro-oeste santafesino.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 2025‑1076‑APN‑DNV#MEC, publicada esta semana, que también alcanza contratos de bacheo sobre la Ruta 33. Las obras estaban a cargo de la unión transitoria de empresas Edeca‑Rava, adjudicataria para intervenir 71 km de la 178 y 121 km de la 33. Sin embargo, el Ejecutivo nacional apeló a una cláusula de “conveniencia” para dar de baja los contratos, atribuyendo la decisión a demoras administrativas originadas por el propio Estado.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe calificaron la resolución como “un incumplimiento legal que pone vidas en riesgo” y anticiparon que, si Nación no cumple con sus obligaciones, la Provincia reclamará la transferencia de la ruta para poder intervenirla con recursos propios.
“El gobierno nacional toma una decisión insensata, desconociendo fallos judiciales firmes y dejando a la deriva a quienes transitan a diario esas rutas”, expresó el ministro Lisandro Enrico. “Si no quieren invertir un peso, que nos transfieran la traza. Los santafesinos sabemos cómo repararla y con qué recursos”, agregó.
Según datos oficiales, en lo que va de 2025 ya se registraron 14 víctimas fatales y decenas de accidentes graves sobre la Ruta 178. La falta de mantenimiento, la señalización deficiente y la inexistencia de banquinas seguras convierten al trayecto en uno de los más peligrosos de la provincia.
Una política de recortes sin precedentes
Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei paralizó toda la obra pública nacional en territorio santafesino. Además de las rutas 178 y 33, también están sin mantenimiento tramos clave de las rutas nacionales A012, 7, 8, 9, 11, 34, A007 y A008, por donde circula el 80% de la producción exportable del país.
Ante el deterioro creciente, el Gobierno provincial realizó tareas de emergencia, como provisión de asfalto, limpieza de banquinas y mejora de luminarias, pero insiste en que la responsabilidad primaria es del Estado nacional.
Incluso, legisladores santafesinos habían obtenido amparos judiciales para reactivar los convenios que ahora quedaron sin efecto. La reciente disolución de Vialidad Nacional —organismo encargado de licitar y supervisar obras— debilita la ejecución de esos fallos, dejando a las empresas adjudicatarias sin posibilidad de resarcimiento.
En la Casa Gris no descartan impulsar un proyecto de cesión de rutas nacionales a las provincias que deseen hacerse cargo de su mantenimiento. “No se trata de una pelea política. Lo que necesitamos son caminos seguros, tanto para la producción como para la vida de nuestra gente”, señalaron fuentes del Ejecutivo.
Mientras tanto, los pozos se multiplican sobre la cinta asfáltica y, a la vera de la Ruta 178, las cruces blancas siguen marcando las consecuencias del abandono.
