La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a las personas que ejerzan cargos públicos en los tres poderes del Estado provincial.
La iniciativa, presentada por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación, se convertirá en ley.
El proyecto establece que los controles deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales y alcanzar a quienes ocupen cargos públicos electivos o hayan sido designados políticamente durante el ejercicio de sus funciones.
A quiénes alcanzaría la medida
El alcance contempla al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de funcionarios de organismos de control.
La propuesta también habilita a otros agentes públicos provinciales a realizarse los exámenes de manera voluntaria.
Según los fundamentos del proyecto, la medida busca incorporar los controles como una herramienta de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones.
Cómo serían los controles
De acuerdo con la iniciativa, los exámenes serían gratuitos y deberían realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción de cada funcionario. Además, se prevén controles periódicos al menos una vez al año, pruebas aleatorias mediante sorteo y estudios ante denuncias fundadas.
El procedimiento deberá respetar la confidencialidad de los resultados, la dignidad de las personas evaluadas, el derecho a defensa y la cadena de custodia de las muestras.
La iniciativa cobró impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se realizara un narcotest y convocara a otros funcionarios de su gestión a someterse a controles similares.
Qué pasa si el resultado es positivo
El proyecto no establece una sanción automática ante un resultado positivo. En esos casos, contempla un abordaje interdisciplinario que incluya asistencia y orientación, además de una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo el cargo.
Las eventuales medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas previstas tendrían carácter no punitivo.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen sería considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, un sumario administrativo o la remoción, de acuerdo con los mecanismos legales correspondientes.
