La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto. La CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno, y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.
Entre las acciones estatales realizadas en los últimos meses que tienen como finalidad impedir la participación de la oposición, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) destaca: la detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense; y, en general, la profundización de un estado policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas.
La CIDH condenó la detención arbitraria de 31 personas ocurrida en los últimos 2 meses, entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron públicamente su intención de candidatarse a la presidencia, con lo cual fueron impedidas de continuar y formalizar su participación en el proceso electoral.
En este contexto de cierre de las vías de participación de la oposición en las elecciones, el 2 de agosto de 2021, fecha de cierre del plazo para la presentación y registro de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, el actual titular del ejecutivo anunció junto con la vicepresidenta la formalización de su candidatura para un cuarto periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo
Además, el 3 de agosto, la CIDH condenó la detención domiciliaria, restricción migratoria e inhibición para postularse a cargos públicos de Berenice Quezada, candidata opositora a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos Por la Libertad, hecho ocurrido al día siguiente de haber anunciado su candidatura. El 5 de agosto, el Ministerio Público informó que la acusación presentada en contra de Berenice Quezada se basa en presuntos hechos que encuadran en el tipo penal de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Asimismo, indicó que el proceso se llevaría a cabo estando ella en libertad.
La CIDH también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de dos partidos de oposición, entre ellos, el Partido Restauración Democrática (PRD), el cual estaba colaborando con la Coalición Nacional para la selección de una candidata opositora.
Adicionalmente, el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral determinó la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, lo que eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial. En su decisión, el CSE también solicitó la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense de la presidenta del partido, Kitty Monterrey. El 8 de agosto, el Ministerio de Gobernación confirmó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense, así como de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la anulación de pasaporte de la presidenta del partido, quien ostenta otra nacionalidad y, a la fecha, permanecería oculta ante el temor de ser detenida y/o deportada.
Al respecto, la CIDH condena enérgicamente la resolución del CSE, misma que habría sido adoptada en contravención con la Constitución nicaragüense y con fundamento en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Como ha sido señalado por la CIDH, dichas normas restringen arbitrariamente la competencia electoral, el ejercicio de los derechos políticos, y otros derechos como la libertad de expresión y asociación.
La CIDH ha destacado que la persecución penal en contra de personas opositoras y precandidatas a la presidencia presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido proceso. En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas.
Estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018.
La Comisión reitera su llamado al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o con ocasión de las mismas. Asimismo insta al Estado a cumplir con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, así como dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes; además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos. Ello, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos. Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
Fuente: CIDH
