Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe brindaron detalles este viernes sobre la flamante ley de regulación de las agencias de seguridad privada. La norma, sancionada por la Cámara de Diputados, llega para reemplazar una disposición que data de 1991 y que carecía de categoría de ley.
Con un total de 70 artículos, el nuevo texto jurídico regula la prestación de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de bienes y personas, abarcando tanto la seguridad física como la electrónica dentro del territorio provincial.
Alivio para el 911: El fin de las “falsas alarmas”
Uno de los ejes críticos de la ley es la optimización de los recursos policiales. Según detallaron las autoridades, el sistema actual sufre una saturación debido a los disparos automáticos de alarmas privadas que, en su inmensa mayoría, no reportan incidencias reales.
Pablo Polito, director provincial de Emergencias 911, ilustró la gravedad de la situación con datos contundentes sobre la ciudad de Rosario: “Los llamados por alarmas consumen más de un 30% de la operatividad policial en calle. En lo que va del año tenemos más de 150.000 llamados por alarmas, de los cuales solo 350 fueron incidencias reales“.
Hasta ahora, el protocolo obligaba a atender cada alerta bajo la premisa de un posible delito en curso. La nueva ley permitirá “medir las incidencias” y filtrar los reportes, asegurando que los patrulleros no se desplacen a lugares sin novedad, logrando así un uso racional del recurso policial en la calle.
Registro, tecnología y competencia leal
La normativa establece un marco claro para profesionalizar el sector, exigiendo la creación de un registro de empresas. Esto incluye tanto a los vigiladores físicos como a la seguridad electrónica (monitoreo, drones y tótems de seguridad).
Karina Chumpitaz, subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, destacó que esta regulación es clave para fomentar una competencia leal:
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Certificación: Se buscará que los titulares y empleados cumplan con estándares internacionales.
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Sanciones: La ley faculta al Estado para sancionar a las empresas no registradas, protegiendo a aquellas que cumplen con la normativa.
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Armas: Se incluye un capítulo específico sobre la prestación de servicios con uso de armas de fuego.
Seguridad privada como complemento
La visión del gobierno provincial es integrar al sector privado como un engranaje funcional dentro del plan de seguridad general.
“El fin es darle al ciudadano una mejor seguridad pública, tomando dentro de esta ley a la seguridad privada como un complemento”, concluyó Chumpitaz. Con esta herramienta, se espera no solo elevar el estándar de las agencias, sino liberar al sistema público para que se enfoque en la prevención y combate efectivo del delito.
