La comunidad universitaria vuelve a las calles de todo el país este martes en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En la ciudad de Santa Fe, la movilización busca visibilizar una crisis de financiamiento sin precedentes que afecta a las casas de estudio públicas. La jornada cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe y diversos gremios del sector.
Concentración y movilización al Rectorado
Desde las 16, una masiva columna de manifestantes se concentra en la emblemática bajada del Puente Colgante, frente a la zona de Telefé Santa Fe. Pasadas las 15:30, columnas provenientes del barrio El Pozo cruzaron el viaducto para sumarse al reclamo central.
El itinerario de la marcha contempla el desplazamiento por Bulevar Gálvez hasta la explanada del Rectorado de la UNL. Allí, se prevé la lectura de un documento conjunto que sintetiza las exigencias de los distintos sectores educativos.
Cifras que explican el reclamo
En la previa, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL presentó el informe técnico “Cifras para entender, razones para marchar”. Los datos revelan un panorama crítico para el sistema universitario:
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Desfinanciamiento: Se advierte una caída real del 28,9% en el presupuesto universitario entre 2023 y 2025.
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Pérdida salarial: El poder adquisitivo de los docentes registra una caída cercana al 35,7%.
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Recomposición necesaria: Estiman que se requiere un aumento del 55,5% para recuperar los niveles de diciembre de 2023.
La decana de la FCE y vicerrectora de la UNL, Liliana Dillon, sostiene que estos datos permiten explicar por qué esta discusión es “central para el futuro del país” y no un reclamo meramente sectorial.
Exigencia de cumplimiento legal
El reclamo principal se centra en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, denuncia que ya transcurrieron 203 días sin que el Gobierno nacional aplique la norma sancionada por el Congreso.
“Si creemos en la división de poderes, no podemos permitir esto”, afirma Tarabella, quien además califica de “provocativas” las recientes expresiones de funcionarios nacionales hacia la comunidad educativa. La ley en disputa contempla actualizaciones para becas, investigación, paritarias y funcionamiento operativo de las instituciones.
