Un informe de Canal Veo causó un fuerte impacto a principios de febrero, cuando se daba a conocer que una de las empresas adjudicatarias de la obra del tan esperado nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé había sido procesada por la justicia federal en una causa por presuntos sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos.
Se trata de Lemiro Pietroboni S.A., compañía que integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a SE.MI. S.A. y Cosivial S.A., la cual presentó la oferta más baja en la licitación y se adjudicó la obra por un monto de $39.811.464.459,07.
Decíamos que esta publicación no pasó desapercibida ni mucho menos, ya que el diputado provincial Carlos Del Frade, basándose en lo dado a conocer desde nuestro medio, elevó y formalizó un pedido de informes al respecto.
“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe si la empresa Lemiro Pietroboni SA, compañía que integra la Unión Transitoria de Empresas que se adjudicó la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, departamento La Capital, está procesada por la justicia federal por el presunto delito de sobornos, fraude al estado y falsificación de documentos y en el caso que fuera así, qué medidas se tomarán al respecto” ya que según la investigación “el juez federal Sebastián Casanello procesó a Lemiro Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., y a otras 11 personas, en el marco de una investigación que involucra a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El expediente judicial revela maniobras fraudulentas en la ejecución de obras viales, incluyendo sobornos y falsificación de documentos para el cobro indebido de trabajos no realizados. El fallo del magistrado señala que la investigación se basa en testimonios clave de auditores y supervisores de obra que detectaron irregularidades en la construcción de rutas nacionales. Una de las principales acusaciones apunta a la manipulación de los datos de terraplenes, lo que permitía facturar más metros de los realmente construidos, generando así un sobrecosto para el Estado y retornos ilegales para los implicados. Según la investigación, las empresas que tenían la obra cobraban sobreprecios por trabajos que no se realizaban y paralelamente contrataban a empresas con prestanombres cercanos a los funcionarios para asegurar el retorno”.
Luego Del Frade cita el artículo de Veo y da a conocer que como consecuencia de la causa “el juez ordenó un embargo por $632.381.436,96 sobre los bienes de Lemiro Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., lo que refuerza la gravedad de las acusaciones. Además, se dispuso que la causa sea remitida a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción para evaluar posibles falencias en los mecanismos de control estatal sobre la obra pública. Ante esta información es fundamental conocer el punto de vista del gobierno provincial y qué medidas tomará al respecto” solicitó el legislador provincial.
La duda pública que surgió en el informe es clara: “La revelación de que una empresa procesada por corrupción ha sido adjudicada con una obra de tal magnitud en Santa Fe ha generado incertidumbre. Cabe preguntarse entonces: ¿no hay revisiones exhaustivas de los antecedentes de las compañías a las que se adjudican obras en Santa Fe? ¿Se le puede pasar por alto un ´detalle´ tan grande al Gobierno provincial siendo que el procesamiento de Casanello está firmado en el mes de diciembre?”.
La causa, dada a conocer en exclusiva por Veo, fue tan grave y por ende establece un antecedente al menos tan preocupante que dentro de la investigación se menciona lo siguiente: “Entre las pruebas presentadas en el expediente, se destacan documentos que revelan la alteración de mediciones en terraplenes de obras viales y testimonios de empleados que se negaron a participar en la operatoria, pero que eran “apretados” por sus superiores para entrar: “bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “así como te puse, te saco”.
Del Frade tomó nota… ¿Acaso es el único que ante semejante verdad dada a conocer, va a reaccionar?
