El conflicto se originó tras la publicación de la resolución número 922 el pasado 26 de mayo, mediante la cual el municipio convocó a un armado técnico reducido para legislar sobre los denominados “entornos urbanos ribereños”.
Desde las organizaciones advierten que el sector que se pretende normar no es una franja de tierra vacía, sino que se solapa directamente con zonas de humedales altamente vulnerables, tierras referenciadas por comunidades indígenas y sectores que ya se encuentran poblados y protegidos por leyes preexistentes.
Un reclamo que se ampara en la ley
Ignacio Rintoul, integrante de Defensas de la Costa, fue tajante respecto al carácter del pedido y criticó la exclusión de los actores territoriales en esta fase inicial del proyecto. “Esta comisión es una comisión especial redactora, muy reducida, y que, por supuesto, no toma en cuenta la diversidad, la amplísima diversidad de actores que deberíamos estar participando”, señaló el referente.
Lejos de plantearlo como una sugerencia, Rintoul remarcó el sustento jurídico que respalda la presencia ciudadana en estas mesas técnicas: “No es una solicitud, es una exigencia. Queremos hacer uso de lo que está amparado por la ley para participar de esa discusión”. Para apuntalar el reclamo, las entidades citan un robusto bloque normativo que incluye el Acuerdo de Escazú, la Ley de Humedales de la provincia de Santa Fe, la Ley de Acción Climática y los principios consagrados en la propia Constitución Provincial.
El peligro de “invisibilizar” los humedales bajo tecnicismos
El principal eje de preocupación de los ambientalistas radica en que la ordenanza termine allanando el camino al desarrollo inmobiliario a expensas de la destrucción del ecosistema costero. En ese sentido, Rintoul trazó un paralelismo directo con los recursos naturales protegidos de otras provincias: “El equivalente a los glaciares son nuestros humedales. Atacar o avanzar sobre un humedal es realmente poner en riesgo la biodiversidad y el medio ambiente”.
Asimismo, el referente de Defensas de la Costa alertó sobre los peligros de utilizar nuevas categorías urbanísticas para esquivar los controles ambientales de fondo. “El solo hecho de darle una denominación como ‘entorno urbano ribereño’, desconociendo o ignorando que esos entornos son en realidad humedales, nos pone en una situación de gran preocupación”, concluyó Rintoul, insistiendo en que cualquier debate sobre el futuro de la costa santafesina debe integrar de manera obligatoria las variables sociales, ecológicas y de respeto a los pueblos originarios.
