El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Sobre este tema Veo Noticias dialogó con la abogada constitucionalista María Uberti, quien explicó que "las razones por las que se pueden promover los juicios políticos a los funcionarios están previstas en la Constitución y claramente el Congreso tiene ese rol porque es el organismo que tiene que controlar la actividad del Ejecutivo".
"En principio, las opiniones me parecen desacertadas porque implican la invasión del órgano Ejecutivo a la tarea específica del Poder Judicial que en nuestro sistema republicano no tiene una lección de tipo político y popular como los otros dos órganos y es justamente quien marca el equilibrio ante eventuales discrepancias que pueden el ciudadano común uy los funcionarios ante un conflicto. El Estado de derecho implica que todas las personas estamos sometidas al control de la ley, todos somos iguales ante la ley pero todos sometidos ante ella, fundamentalmente los funcionarios públicos. Por eso, lo grave es la intromisión de los órganos políticos en las decisiones del Poder Judicial y, por otro lado, no acatar la ley. Cuando quien no acata la ley es quien dirige el destino de un país le damos un mensaje a la ciudadanía tremendamente grave", aseguró.
Además, afirmó que es grave "en una instancia del proceso en que todavía falta mucho para que se llegue a una sentencia que puede tener dos alternativas, condena o absolución. Ejercer presión ante el Poder Judicial es indebido en todo momento y para cualquier persona en cualquier momento".
Sobre cuáles son los pasos que deberían seguirse para avanzar en este pedido, explicó que "la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados debe evaluar todos los elementos que tiene para ver si hay una causa y si esa causa se puede documentar y probar. Una vez que se toma la decisión el pleno debe tener la cantidad de votos necesarios para elevarlo al Senado. El juicio político tiene la virtualidad de ser en el proceso similar a un juicio jurisdiccional, la persona conoce de qué se lo acusa y tiene las garantías constitucionales. En términos de sanción que el Senado, que es el tribunal de juicio, tiene que ver con remover al funcionario del cargo, por fuera de eso pueden hacerse otros juicios civiles o penales en torno a la causa que motivó la destitución".
