El Ministerio Público ofreció como sustento la denuncia constitucional contra el excongresista Kenji Fujimori y otros dos exlegisladores, que evidencia las coordinaciones que sostuvieron con el Ejecutivo para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay Castillo sostuvo que las declaraciones preliminares del fallecido exparlamentario Moisés Mamani no aportaban más que su negativa a dar su declaración testimonial por temor a amenazas; pero que la Sala podría incorporar ello si lo estimara.
Este miércoles 12 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio oral contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, además del exasesor Alexei Toledo.
Fujimori, Bocángel y Ramírez son imputados por presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado al haber ofrecido obras a Mamani a cambio de que vote en contra del pedido de vacancia de Kuczynski Godard.
A cambio de su voto, le ofrecían “financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, protección judicial, obtención de ganancias ilícitas fruto del cobro de porcentajes por obras, etc.”.
En el caso de Fujimori y Bocángel, el Ministerio Público ha solicitado 12 años de prisión, y en el caso de Ramírez, 11 años. A los cuatro imputados se les acusa de los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias.
Según la acusación fiscal, las grabaciones realizadas, demostrarían que los acusados habrían intentado convencer a Mamani para que vote en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
Cabe indicar que en setiembre del 2021 la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra PPK y Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la vacancia a cambio de indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
