El gobierno de Perú llamó el jueves a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, países a los que acusó de una "intromisión en los asuntos internos" por su apoyo al destituido exmandatario Pedro Castillo, que enfrenta ante la justicia un pedido de prisión por 18 meses mientras es investigado por "rebelión".
Los cuatro países emitieron esta semana un comunicado conjunto en el que sostuvieron que Castillo había sido víctima de "hostigamiento" político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.
Castillo fue destituido y arrestado la semana pasada luego de intentar disolver el Congreso de forma ilegal. En su reemplazo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió al poder.
"Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú", expresó la canciller Ana Cecilia Gervasi en un mensaje por Twitter citado por la agencia Reuters.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó la destitución de Castillo como antidemocrática, es el más crítico al nuevo gobierno en Perú y no reconoció por el momento a la presidenta Boluarte.
Por su parte, el gobierno argentino manifestó su "preocupación" por lo ocurrido en Perú y llamó a que se reguarden las instituciones democráticas.
“Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional", expresó en un comunicado.
A diferencia de los gobiernos que apoyan a Castillo, el de Chile del mandatario Gabriel Boric reconoció a Boluarte, según dijo la canciller Gervasi por Twitter el miércoles tras una comunicación con su par chilena.
Entre tanto, imágenes de la televisión local mostraron a una fila con decenas de vehículos varados al borde de un carretera clave en la costa al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes colocaban piedras en vías de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa, en medio de la vigilancia policial.
La Confederación General de Trabajadores de Perú, uno de los mayores sindicatos del país, ha convocado a una "jornada de lucha" para por la tarde en Lima, en medio de las protestas en reclamo por elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de la presidenta Boluarte.
El gobierno de Boluarte decretó el miércoles el "estado de emergencia" nacional y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría realizar las elecciones generales para fines del 2023.
En el Congreso, dominado por partidos derecha y una de las instituciones más desacreditadas del país, los legisladores comenzaron a discutir el jueves el adelanto de elecciones.
Pero el anuncio de acortar más los plazos de las elecciones no ha frenado las manifestaciones, que hasta ahora han dejado ocho muertos, la mayoría adolescentes, y cientos de heridos entre civiles y policías, según la Defensoría del Pueblo.
Jorge Salinas, presidente de CORPAC -que gestiona los aeropuertos del país-, dijo a Panamericana Televisión que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho.
