Los fiscales federales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares formalizaron el pedido de 10 años de prisión para Marcelo Bailaque. Los delitos que se le atribuyen incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y lavado de dinero.
La investigación sostiene que Bailaque montó una estructura delictiva para perjudicar a empresarios locales. Entre las maniobras detectadas, se destaca el cobro de un alquiler fantasma durante seis años, utilizado como pantalla para recibir fondos de una mutual vinculada al empresario Fernando Whpei.
El esquema de extorsión y armado de causas
Uno de los pilares de la acusación es el presunto armado de una causa penal contra los empresarios bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Según la Fiscalía, Bailaque los habría extorsionado exigiéndoles el pago de 200 mil dólares a cambio de no avanzar con las actuaciones judiciales.
La maniobra fue confirmada por el ex titular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido. Vaudagna detalló que:
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Fue invitado a una cena en el edificio de Bailaque donde se le anticipó el envío de una denuncia anónima contra los empresarios.
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Se le sugirió elevar la denuncia cuando el juzgado de Bailaque estuviera de turno.
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Los empresarios habrían llegado a pagar 160 mil dólares bajo presión.
Condenas solicitadas para el entorno familiar
La acusación también alcanza a la esposa del exjuez, Graciela Martínez Maulión, para quien se pidieron 4 años y 6 meses de prisión. Ambos están imputados por lavado de dinero derivado de la compra de un lote en la localidad de Funes.
Por último, para el escribano Santiago Busaniche, la Fiscalía solicitó una pena de 6 años de cárcel. Se lo vincula directamente con las maniobras extorsivas ejecutadas contra los empresarios damnificados.
