La Justicia federal avanzó en una causa por trata de personas en el norte santafesino y solicitó una pena de 8 años de prisión para un productor rural acusado de reducir a la servidumbre a trabajadores en un campo de frutillas ubicado en Arroyo Leyes.
La acusación fue presentada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que imputaron al joven —identificado por sus iniciales como F.A.P.— por haber captado, trasladado y explotado laboralmente a al menos 20 personas en condiciones inhumanas.
Según la investigación, las víctimas fueron reclutadas en la provincia de Chaco, principalmente en localidades como San Bernardo y La Clotilde, bajo promesas laborales que no se cumplieron. Una vez en el establecimiento, ubicado sobre la ruta provincial N°1, eran sometidas a extensas jornadas de trabajo, sin descanso y con salarios por debajo de lo legal.
El caso se inició a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio en septiembre de 2025. A raíz de ello, se realizó un allanamiento en octubre, donde se identificó a un total de 45 personas en situación de explotación, aunque la acusación se centra en 20 víctimas tras la recolección de testimonios.
La fiscalía sostuvo que el imputado montó un sistema que incluía el financiamiento de los traslados, cuyos costos luego eran descontados de los salarios, generando un esquema de endeudamiento que profundizaba la dependencia de los trabajadores.
Las condiciones de vida eran extremadamente precarias: las personas dormían en casillas improvisadas con piso de tierra, sin acceso adecuado a agua potable ni instalaciones sanitarias. Además, debían higienizarse en zonas de monte y consumir agua almacenada en recipientes de agroquímicos.
Los testimonios recabados describen jornadas que comenzaban a las 3 de la madrugada y se extendían por más de 12 horas, de lunes a lunes, con escasos momentos de descanso.
Durante el operativo judicial, se secuestraron más de 10 millones de pesos, dólares en efectivo, armas de fuego, documentación vinculada a descuentos aplicados a los trabajadores y una camioneta que, según la fiscalía, era utilizada en la operatoria delictiva.
Además del pedido de pena, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de los bienes y medidas de reparación para las víctimas, que actualmente reciben asistencia de programas estatales.
La presentación de la acusación es el paso previo a la audiencia en la que se definirá si el caso avanza a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
