El auditor general de Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leando Mai, ingresó un informe a la Legislatura tras un sumario contra la tarea desempeñada por el fiscal Aldo Gerosa en la investigación a Marcelo Galaz, acusado de violar a su sobrina durante seis años. En 83 páginas del escrito, el auditor detalla seis conductas disvaliosas que ameritan el análisis del cuerpo legislativo en el marco del artículo 62 bis de la ley 13.013 que establece mecanismos de sanción y remoción de fiscales por mal desempeño.
Mai investigó al fiscal por irregularidades en su conducta, denunciadas por la víctima y por agrupaciones feministas que la acompañaron, y elevó un informe a la Legislatura para abrir un proceso y aplicar una sanción que va desde la suspensión hasta la destitución.
A esto se le suma el pedido de destitución de organizaciones feministas que se encuentran en estado de alerta y movilización. "Ante el escándalo provocado por el entramado de encubrimiento, aprietes, re-victimización y abusos de poder por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado del norte santafesino, las feministas estamos en alerta y movilización.
En el caso Galaz - ex funcionario y secretario privado de Dionisio Scarpin acusado de abuso sexual agravado - se pusieron en funcionamiento vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de garantizar la impunidad.
En el norte santafesino es larga la lista de funcionarios acusados de abuso, pedofilia, violaciones, violencias contra las mujeres y las infancias, relacionados al poder político enquistado hace décadas en el departamento Gral. Obligado
Las organizaciones abajo firmantes exigimos:
- Identificación, vía investigación exhaustiva e independiente, de funcionarios que intentaron encubrir, o lo hicieron, a agresores sexuales.
- Juicio político y apartamiento de la causa Galaz del Fiscal Gerosa .
- Informes elaborados por las áreas intervinientes
sobre la aplicación del protocolo para el acompañamiento de víctimas de abuso sexual .
- Perspectiva de género en el abordaje de las situaciones de violencia de género y aplicación efectiva de la ley Micaela".
La intervención del poder político
Las sospechas sobre el accionar del fiscal también salpican al senador del departamento General obligado, Orfilio Marcón. La joven víctima envió tres cartas con igual contenido a la Cámara de Senadores, otra a Diputados y una particular a la Comisión de género, mujeres y diversidad de la provincia de Santa Fe, que funciona con legisladores de la Cámara baja. "A través de la presente y respetuosamente me dirijo a ustedes para informarles que uno de sus integrantes, el senador Orfilio Marcón mantenía contacto y pedía información sobre el proceso a quien era el fiscal de la causa, Aldo Gerosa. Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos, las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado", reza el escrito. "Sumado a esto, en una ocasión el fiscal Gerosa me hace referencia a que estaba 'recibiendo llamadas de la política' y posteriormente me nombra puntualmente al senador Marcón. Me parece importante destacar que mi abusador compartía el mismo espacio político que el senador Marcón" cierra uno de los párrafos de la carta que ahora se hace pública.
