Durante la audiencia de vista de causa realizada este martes en los tribunales de la capital provincial, el Procurador General, Jorge Barraguirre, solicitó formalmente la destitución de Fabio Della Siega. La acusación se centró en lo que calificó como “errores reiterados y gravísimos” en el ejercicio de su función en el entonces Tribunal Colegiado de Familia Nº 3.
Entre los puntos más críticos presentados por el acusador se destacan:
Falta de perspectiva de género: Se cuestionó la fijación de audiencias de conciliación entre víctimas de violencia y sus agresores.
Maltrato laboral: Se denunciaron frases del magistrado hacia sus empleadas como “no veo ninguna piña, así que acá no pasó nada” ante situaciones de violencia.
Demoras procesales: Se citó la demora de 15 meses para levantar un embargo alimentario y procesos de revinculación que llevan tres años sin resolución.
Delegación indebida: Se señaló que funcionarios de menor jerarquía terminaban fallando en casos complejos y controvertidos.
La defensa: “Un sistema exigido al límite”
Por su parte, los abogados defensores del juez —Marcel Parachú Marcó, Nahuel Cassini y Esteban Romero— rechazaron los cargos y exigieron el reintegro de Della Siega a su puesto de trabajo. El equipo legal sostuvo que la acusación realiza una lectura “fragmentaria” y que no tiene en cuenta el contexto de crisis estructural que atraviesa el fuero de Familia.
Según argumentó la defensa, el tribunal funciona con una sobrecarga de trabajo sostenida y escasez de recursos humanos. Además, resaltaron los 13 años de trayectoria del magistrado sin antecedentes disciplinarios previos de gravedad, pidiendo que su actuación sea evaluada de forma integral y no por episodios aislados.
El Tribunal de Enjuiciamiento
La audiencia fue presidida por la Corte Suprema de Justicia en pleno, encabezada por el Dr. Rafael Gutiérrez. El jurado se completó con representantes de la Legislatura provincial (el senador Felipe Michlig y el diputado José Corral) y de los Colegios de Abogados de la provincia.
Este proceso es el resultado de una denuncia presentada en 2023 por la Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva), que ya había derivado en la suspensión del magistrado en mayo de 2025. Ahora, el Tribunal deberá decidir si convalida el pedido de destitución o permite el regreso del juez a sus funciones.
