En Vivo

desarrollos inmobiliarios Juan Pablo Poletti Santa Fe sofia

Polémica en Santa Fe: cuestionan el convenio urbanístico por las torres de Avenida Rivadavia

La construcción de las torres Sofia II y IV generó críticas tras conocerse que la compensación por exceder los límites de edificación se invertirá en la remodelación de la Plaza Colón, frente al mismo emprendimiento.

18 de febrero de 2026


La Municipalidad de Santa Fe, a través del Concejo Municipal, modificó el Reglamento de Ordenamiento Urbano y creo la figura del “Convenio de Plusvalía Urbana” por medio de una ordenanza que fue sancionada el 4 de diciembre de 2024. Tras estas modificaciones, el Ejecutivo municipal avaló un “Convenio Urbanístico” con la empresa constructora Sofia, encargada del desarrollo inmobiliario en la esquina de Avenida Rivadavia y La Rioja. El acuerdo permite a la firma construir una superficie un 30% mayor a la establecida por reglamento a cambio de una compensación económica destinada a obra pública.

Según trascendió, las torres Sofia II y Sofia IV sumarán tres pisos adicionales y nuevas cocheras al suscribir el “Convenio de Plusvalía Urbana”, representando un excedente en sus edificaciones de 1.683 metros cuadrados. Este excedente de construcción permitido por el Ejecutivo superaría los 3.000 millones de pesos de valor de mercado, muy por encima de los menos de 400 millones de pesos de compensación que la empresa erogaría para llevar a cabo alguna obra pública en la capital provincial. En este caso el dinero será utilizado para realizar la remodelación de la Plaza Colón, que está ubicada precisamente frente al desarrollo inmobiliario. Las obras en dicha plaza, también conocida como “Palomar” comenzaron durante los primeros días de este año y se están llevando a cabo actualmente.
En octubre de 2025 el intendente Juan Pablo Poletti y la entonces presidenta del Concejo Municipal Adriana Molina, destacaron la medida como una forma de capturar plusvalía para la ciudad. A pesar del mensaje oficial, hay voces que califican la maniobra como una “simulación”, ya que la compensación alcanza poco más del 10% de los ingresos extra que el desarrollo inmobiliario va a obtener a partir de la modificación del Reglamento de Ordenamiento Urbano. A su vez la obra pública llevada a cabo queda concentrada en el mismo sector del desarrollo privado, potenciando el valor de las unidades inmobiliarias.

Antecedentes y modelos similares

Este esquema de gestión urbana ha sido comparado con la propuesta para los terrenos de la Estación Belgrano, donde se prevé que los recursos obtenidos por eventuales subastas se reinviertan en el mismo predio. La polémica abre el debate sobre si estas decisiones favorecen el desarrollo equitativo de Santa Fe o si consolidan un “decisionismo de negocios” que beneficia a sectores específicos. Lo que el Ejecutivo municipal plantea como una “colaboración” entre el sector público y privado, puede marcar un precedente y abrir la posibilidad para que otros desarrollos inmobiliarios intenten realizar la misma maniobra, sumarse al “Convenio de Plusvalía Urbana” y poder aumentar en un 30% el Factor de Ocupación Total (FOT), a cambio de una “multa” o ejecución de obra de mucho menor costo que el beneficio obtenido por incumplir la norma de edificación.

Solo como ejemplo, otra desarrolladora planifica construir un edificio de departamentos y cocheras sobre calle 3 de febrero frente al Parque del Sur en pleno casco histórico de la capital provincial. Bajo la misma modalidad dicha empresa podría buscar vulnerar el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) y aumentar el Factor de Ocupación Total (FOT) a cambio de una compensación para obra pública, en este caso, en el Parque del Sur. La erogación para revitalizar el espacio público no superaría el 10% de los potenciales ingresos extra que tendría la ampliación de la obra y a su vez podría potenciar el valor de las unidades inmobiliarias ya que los trabajos se llevarían a cabo frente al edificio.

Los funcionarios del Ejecutivo municipal junto con concejales oficialistas que apoyaron y aprobaron dicho proyecto, destacan la importancia de estos convenios entre lo “público y lo privado” para que la ciudad pueda seguir creciendo de forma ordenada. Por su parte voces opositoras indican como “poco serio” que la erogación de los desarrolladores no supere el 10% de los ingresos extra obtenidos y que la obra pública debería llevarse adelante en otro punto de la ciudad, para no potenciar todavía más el valor de las unidades inmobiliarias ampliando la plusvalía.