El Gobierno nacional dispuso que la telefonía fija y móvil, internet y la televisión por cable sean considerados servicios públicos. La resolución provocó críticas y uno de los cuestionamientos pasa por el método elegido una vez más el Poder Ejecutivo: el decreto de necesidad y urgencia sin debate en el Congreso.
El abogado constitucionalista Roberto Vicente sostuvo que estos temas deben ser regulados en por el Poder Legislativo y que no puede ser uno de los poderes esté por encima de los demás.
"Esto, eventualmente, para poder discutir un mecanismo que democratice la posibilidad del uso de internet y establecer que la sociedad tenga un acceso garantizado se tiene que hacer por ley. Porque también se afectan posibilidades importantes que tienen que por las licencias que han otorgado oportunamente, pero también de la importancia del futuro respecto al uso de estas herramientas".
Y agregó "siempre tenemos que estar pensando que el Estado no puede funcionar por su cuenta, el proceso de legalidad se garantiza por el órgano encargado de la función legislativa, fundamentalmente en temas que son el nudo gordiano de la libertad de expresión deben ser regulados en el Congreso".
