La sesión de la Cámara de Diputados comenzó cerca de las 16, luego de una jornada marcada por intensas negociaciones entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, apenas iniciada, se dispuso un cuarto intermedio y posteriormente se resolvió postergar por una semana el tratamiento de la iniciativa.
El proyecto tenía preferencia para ser debatido este jueves, pero las diferencias dentro de la coalición gobernante impidieron alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar con un dictamen y su posterior media sanción.
Las diferencias internas que frenaron el proyecto
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial busca introducir cambios en distintas normas relacionadas con la investigación penal, las atribuciones de la Policía y los fiscales, y el funcionamiento del sistema penitenciario.
Sin embargo, algunos de sus artículos generaron diferencias dentro del propio oficialismo, especialmente entre radicales y socialistas, que no lograron consensuar las modificaciones necesarias para habilitar su tratamiento.
En las últimas semanas, el proyecto también fue objeto de análisis y observaciones por parte de diferentes actores del sistema judicial, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), colegios de abogados y organizaciones especializadas en derecho penal.
Pese a las negociaciones mantenidas durante la jornada, el oficialismo no consiguió destrabar los puntos en discusión y optó por aplazar el debate hasta la próxima semana.
Qué cambios propone la nueva ley de seguridad
El paquete de reformas enviado por el Gobierno de Maximiliano Pullaro contempla una serie de modificaciones destinadas a ampliar las herramientas de investigación criminal y las facultades de intervención de las fuerzas de seguridad.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
- Interrogatorios policiales: habilita a los efectivos a interrogar personas durante las primeras instancias de una investigación penal.
- Declaración del imputado: propone eliminar la presencia obligatoria del defensor como condición para prestar declaración.
- Allanamientos sin orden judicial: amplía los supuestos excepcionales en los que la Policía podría ingresar a determinados inmuebles sin autorización judicial previa.
- Juicios en rebeldía: permite continuar procesos penales cuando un imputado debidamente notificado no se presenta ante la Justicia.
- Zonas de intervención policial especial: contempla la creación de sectores con facultades excepcionales de actuación policial sobre el espacio público y la circulación de personas.
- Derribo de inmuebles: habilita, en determinadas circunstancias excepcionales, la inactivación física de propiedades vinculadas al microtráfico y otros delitos por disposición fiscal.
- Régimen penitenciario especial: establece condiciones más restrictivas para personas detenidas que continúen organizando delitos graves desde las cárceles.
- Inteligencia digital y electrónica: incorpora nuevas herramientas tecnológicas para investigaciones penales, sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
- Programa de recompensas: amplía las facultades del Ejecutivo para ofrecer recompensas vinculadas con la prevención del delito y la seguridad pública.
La propuesta también incluye cambios en los procedimientos penales, las medidas coercitivas que pueden disponer los fiscales y los mecanismos de resolución de delitos de menor gravedad.
El debate se retomaría la próxima semana
La postergación representa un nuevo obstáculo para una de las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno provincial en materia de seguridad.
El gobernador Maximiliano Pullaro había insistido en la necesidad de contar con nuevas herramientas legales para fortalecer la lucha contra el delito y ampliar las posibilidades de actuación de las fuerzas policiales y los organismos de investigación.
Sin embargo, las diferencias dentro de Unidos obligaron a postergar el tratamiento por una semana, período durante el cual se espera que continúen las negociaciones para intentar alcanzar un texto consensuado.
De esta manera, el debate sobre la reforma de seguridad continuará abierto en la Legislatura santafesina, con la atención puesta en la posibilidad de que radicales y socialistas logren acercar posiciones sobre los artículos que todavía generan diferencias.
