Esta semana comenzaron las reuniones entre el secretario de Comercio Matías Tombolini y los CEOs de unas 25 compañías principales de consumo masivo (que representan más del 65% de los productos que se venden en los supermercados) para delinear el nuevo programa de Precios Justos que quiere implementar el Gobierno. Entre otras, ya fueron convocadas Aceitera General Deheza (AGD), Quilmes, Coca Cola, Mastellone, Bimbo y Molinos, según fuentes de Economía.
Desde el sector indicaron que la propuesta, hasta ahora, es que las compañías presenten una lista de productos cuyo precio quedaría congelado por 90 días y como compensación -por lo que perderán frente a una inflación que se encamina al 100% anual- podrán obtener algún beneficio como, por ejemplo, un dólar mejorado para las exportaciones.
Pero ese incentivo no sería el mismo para todas las empresas, ya que muchas no son exportadores y quizás analicen alguna otra compensación como más flexibilidad en las importaciones de materias primas, por ejemplo. El beneficio que obtendrían sería negociado “uno o uno” con cada firma de acuerdo a sus particularidades.
El nuevo programa busca “congelar” el precio de entre 1.200 y 1.500 artículos que incluyan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza por al menos 90 días. De lograr esa cantidad de productos -las empresas dicen que no se habló de cantidad-, la lista sería hasta tres veces más extensa que la actual lista de Precios Cuidados, que hoy tiene 450 productos. Ambos programas funcionarían al mismo tiempo (el nuevo acuerdo no reemplazará al ya vigente).
Un punto que transmitieron a las empresas desde la Secretaría es que los productos lleven impreso el precio en su packaging para evitar incumplimientos en el programa. Sin embargo, las compañías pusieron sus reparos: cambiar la presentación de los artículos demanda entre 3 y 4 meses, el tiempo que les lleva utilizar el stock de envases que ya tienen disponible.
Ese fue el tiempo que demoró implementar el programa Super Cerca durante la gestión de Paula Español en la secretaría, en los comienzos del Gobierno de Alberto Fernández. Ese programa fue diseñado para comercios de cercanía con unos 60 productos y las empresas tardaron al menos tres meses para contar con los packaging nuevos. De todas formas, con el correr del tiempo, muchos comercios no tomaban en cuenta el valor impreso y cobraban más.
La Secretaría remarcó que es una medida excepcional y la diferencia con un congelamiento es que se va a realizar con el acuerdo de las empresas, que participarán de forma voluntaria. Fuentes de las compañías que ya pasaron por las oficinas de Tombolini indicaron que las reuniones tuvieron un buen clima y les dieron tiempo -hasta el viernes- para proponer qué productos se podrían incluir. Según los datos de Comercio, las 20 empresas convocadas representan el 65% del consumo de los argentinos.
Uno de los reclamos del sector de consumo masivo es que los productos envasados aumentaron menos en el último año frente a los alimentos frescos donde hubo varios que subieron por encima de la variación total promedio de 228% entre marzo de 2020 y septiembre de 2022. Entre ellos, papa, manzana, tomate, zapallo, asado o pollo entero.
En los últimos días, la Secretaría de Comercio reforzó la fiscalización sorbe las empresas y los supermercados sobre el cumplimiento del acuerdo vigente desde el 7 de octubre de este año. La semana pasada, la secretaría multó a varias cadenas de supermercados por más de $400 millones por incumplimientos respecto a precios, stock y señalética del programa.
Pero, además, se publicó en el Boletín Oficial una resolución que refuerza la fiscalización de rotulados y etiquetas para evitar confusión de productos a la hora de comprar. De esta forma, buscan evitar que las empresas cambien algunos detalles mínimos de un artículo para que no quede incluido en el programa de precios.
La Resolución cambió varios artículos de la normativa del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que busca prevenir la coexistencia en el mercado de productos del mismo tipo y marca pero con variantes. A partir de estas modificaciones, la Secretaría de Comercio, previa evaluación, aprobará o rechazará las etiquetas o rótulos de los productos presentados por las empresas.
Otra novedad es que se incluyó un artículo que expresamente prohíbe la coexistencia de productos en el mercado en los cuales los rótulos y etiquetas contengan información “falsa, equívoca, engañosa o que por su similitud pueda parecer a un producto ya existente”.
Fuente: Infobae
