El Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. La medida se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que incluye también la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales y la reasignación de tareas de control a otras áreas del Estado. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, se trata de un paso para “darle acta de defunción a la corrupción en la obra pública”.
Alerta en Santa Fe: 210 empleos en riesgo
En la provincia de Santa Fe, donde la delegación de Vialidad Nacional emplea a más de 200 personas, la preocupación crece. “Nadie nos dice nada. Estamos expectantes porque como el 8 de julio vencen los superpoderes, si sale esto debería ser ahora”, advirtió Victoria Ruíz Moreno, delegada gremial en Santa Fe.
Los trabajadores convocaron una asamblea urgente para definir los pasos a seguir. Desde el gremio FePeViNa anticipan que esta decisión significaría:
- Despidos masivos (hasta un 30% del personal).
- Privatización encubierta de la obra vial.
- Falta de mantenimiento en rutas nacionales.
- Reemplazo del rol de seguridad vial por Gendarmería Nacional.
Impacto a nivel nacional y provincial
Actualmente, Vialidad Nacional emplea a más de 5.000 trabajadores en todo el país, con delegaciones en las 23 provincias y CABA. La disolución del organismo implicaría el traspaso de responsabilidades hacia las provincias, sin certezas sobre financiamiento ni recursos humanos.
Desde Santa Fe advierten que el cierre podría provocar desfinanciamiento de obras viales, parálisis en rutas nacionales que cruzan el territorio provincial y mayores riesgos para la seguridad vial.
Los trabajadores se organizan
Los empleados están realizando asambleas informativas y acciones gremiales para visibilizar la problemática. Además, reclaman que se abra un canal de diálogo con el Gobierno y que se revierta el decreto.
